Los rectores se ofrecen a pactar las nuevas pruebas específicas que prevé la Lomce

En esta línea, De la Calle ha advertido que los cambios previstos en la Lomce en el sistema de acceso a la universidad «puede suponer un obstáculo general para los estudiantes, difícil de salvar sobre todo para los alumnos con menos recursos». Por ello, aboga porque se suprima la capacidad que otorga el artículo 38 del proyecto de la nueva ley a las universidades para determinar pruebas específicas de acceso , ya que, de aprobarse, atentaría contra el principio de igualdad y «afectaría a la movilidad, esencial en el espacio europeo de educacion superior».

Según De la Calle, estas pruebas adicionales exigirán que los alumnos tengan que realizar varias pruebas en distintas universidades, teniendo que realizar distintos viajes además de la dificultad añadida de «cuadrar» los calendarios de los distintos centros. En cambio, ha subrayado que el distrito único «ha costado muchos años conseguirlo» y aunque ha considerado que es «mejorable» ha hecho hincapié en que permite un acceso «universal» y «homogeneo» a la universidad. «Garantiza una única prueba de acceso y respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Frente a ello, ha vuelto a insistir, el sistema que propone la nueva ley «genera dudas, interrogantes y aumenta las desigualdades», ha sostenido por lo que ha pedido al Gobierno que, si continúa adelante con el proyecto, garantice la presencia de los profesores en el proceso. La portavoz del PP, Sandra Moneo, ha reconocido que esta disposición de la ley "no está pulida del todo" y ha abierto la puerta a introducir una modificación para que efectivamente las universidades puedan pactar las pruebas de acceso específicas.

De la Calle, además, apunta a que el nuevo artículo 38 «abre muchos interrogantes» y ha subrayado la necesidad de «clarificar» quién fijará las plazas de cada universidad con la nueva ley. De la Calle, no obstante, asegura que los rectores están de acuerdo con los objetivos fijados en el preámbulo de la ley.

La polémica sobre la exigencia de obtener un 6,5 para poder disfrutar de la beca ha salido a relucir durante la comparecencia. La presidenta de la Conferencia de Rectores ha cuestionado la idoneidad de exigir una determinada calificación ya que la facilidad de un alumno para alcanzar una nota depende de su entorno. Así ha asegurado que no es lo mismo exigir un 6,5 a un estudiante sin recursos que vive en una playa o a otro que estudia en los jesuitas y vive en una familia acomodada. Así, ha advertido de que las universidades no perseguirán al alumno que no pueda devolver el dinero de la beca tras haber obtenido una calificación inferior a la exigida. "Evidentemente las universidades nos haremos cargo, porque si no lo devuelven, yo no voy a meter en la cárcel a nadie", ha asegurado.

"El ministerio me descontará ese dinero, el que tenga que devolver, y la que tendrá la dificultad económica será la universidad, que se lo pedirá a los ayuntamientos o buscará un benefactor, como estamos haciendo ahora, para intentar arreglarlo", ha añadido.