«No queremos que nuestros hijos hablen el castellano de Gran Hermano»

Se sienten amparados por la ley —varias sentencias del Tribunal Supremo (TS), del Constitucional (TC) y del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) amparan su reivindicación— y por la Constitución, y no están dispuestos a abandonar la lucha pese a estar, según apuntan, «en territorio hostil». Feliciano Sánchez, Consuelo Santos, Marina Gala, Enrique López y Severo Bueno, los padres que protagonizaron las primeras sentencias firmes del TS tienen reconocida la atención lingüística individualizada para sus hijos y ahora, también, en virtud de los 10 nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el derecho a que sus vástagos la reciban en igualdad de condiciones junto a sus «condiscípulos» en el aula. Algunos de ellos llevan diez años de lucha y, pese a ello, no han conseguido ni que a sus hijos se les aplique la versión más restrictiva de las sentencias lingüísticas, la única que el Govern se aviene a acatar.

A otros padres que reclamaron más tarde el derecho (Manuel Martínez, Julián Busca, María Dolores Zornosa, Sergio Fernández o Nicolás Costovici, entre ellos) también les mueve el mismo motivo. «Nos preocupa que, aún teniendo el mismo derecho que los niños de otras comunidades donde el castellano es lengua oficial, nuestros hijos sean menos competitivos al concluir sus estudios», dice Costovici.

«Ninguno queremos que acaben hablando el castellano de los jóvenes de Gran Hermano, que sería el que aprenderían en la calle a nivel de argot y sin refuerzo gramatical», denuncian las familias. Algunas como la de Enrique López llevan años «impartiendo clases de castellano en casa» a sus pequeños. Según denuncian, son «soluciones a la desesperada» ante los flagrantes incumplimientos de la ley de la Generalitat. Del último de ellos hay constancia, incluso, en un documento con membrete de la Generalitat.

Como ya avanzó ABC el pasado día 25 de mayo, una resolución de la consejería de Enseñanza, con fecha de 17 de abril, ordena a un centro que dé atención lingüística individualizada a un alumno de Educación Infantil (P3), desoyendo no solo los últimos pronunciamientos del TSJC, que obligan a extender el bilingüismo a un aula cuando un alumno lo pide, sino que también ignora otra resolución anterior del mismo tribunal (de enero de 2013) en este mismo sentido que confirma que la atención individualizada no es la forma de garantizar que el castellano sea lengua vehicular en las aulas.

En su argumentario, la Generalitat adjunta varios informes del equipo docente del centro que, a su juicio, avalan el dictado final de la resolución. Los informes constatan, entre otras cosas, que «la mayoría de alumnos de esta etapa tienen como lengua materna el castellano u otras lenguas diferentes al catalán», o que el castellano «entra en las aulas a través de los niños a partir de materiales escritos y orales que traen de casa».

El afectado por la resolución del Govern considera que «los argumentos de la misma no tienen fundamento jurídico» y considera «inaceptable que la Generalitat afirme que en esta etapa los niños ya traen el castellano de casa». El padre, que prefiere mantener el anonimato, interpreta la orden como una «una tergiversación» del reconocido derecho a la escolarización en lengua materna en los primeros años de enseñanza.