Castellano para toda la clase si lo pide un alumno

Algunos fallos anteriores lo insinuaban. Ahora, diez nuevos autos de la justicia catalana lo apuntan explícitamente: las clases se impartirán para todos los alumnos de un aula en catalán y castellano si uno de ellos lo pide. Así lo establecen diez interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictadas entre el 6 y 14 de marzo de este año, en las que se corroboran las medidas cautelares de diferentes autos de los meses de enero y febrero en los que el alto tribunal catalán ya había requerido a la administración autonómica aplicar el bilingüismo en los casos autorizados por la justicia.

Los autos, todos idénticos y a los que ha tenido acceso ABC, no cuestionan la inmersión, aunque sí recuerdan a la Generalitat que el artículo 27 de la Constitución apunta que no existe el derecho a recibir enseñanza en una sola lengua (el sistema educativo catalán solo utiliza el catalán).

El alto tribunal catalán rechaza en sus resoluciones los recursos de reposición interpuestos por los diez padres contra las medidas cautelares dictadas el 3 de enero de 2013 por este mismo tribunal, que limitaban el derecho a escolarización bilingüe a sus hijos, y, aunque, desestima extender ese derecho a todos los alumnos del sistema tal como ellos solicitaban, admite, sin embargo, que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno», es decir, la educación bilingüe debe darse a toda el aula.

El TSJC arguye que, de otro modo, «tendría que ser separado el hijo de la parte actora en una clase aparte, o permanecería en la misma con atención individualizada», si bien explicita que este extremo ha sido rechazado por el Tribunal Supremo (TS) por considerar que la atención particular es discriminatoria». La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, dijo ayer que no acatará las resoluciones y que las recurrirá ante el TS. Subrayó, asimismo, que son «medidas cautelares» que no alteran la inmersión. Por su parte, Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ha asesorado a las familias en el proceso, exigió al Govern que «ejecute ese mismo curso» las medidas cautelares que afectan a 10 centros y a 300 alumnos (14 de las familias denunciantes y el resto de sus respectivas clases).

«La interposición de un recurso de casación no impide la ejecución», aclaró Francisco Caja, presidente de CCC. Precisó que «si a estas 10 familias se suman las otras siete a las que se les ha reconocido el derecho y dos más que están en proceso, son ya más de 500 niños los que deben recibir enseñanza bilingüe en Cataluña».