Uno de cada tres frigoríficos en desuso se recicla ilegalmente

Es una situación «preocupante» para el sector de tratamiento de residuos, que genera unos 35.000 puestos de trabajo directos con un volumen monetario superior a los diez mil millones de euros (1% del Producto Interior Bruto), ha explicado en una entrevista el jefe del área Técnica de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Nicolás Molina.

En el caso de las plantas de reciclaje de aparatos eléctricos, la inversión realizada en cada una de ellas, unos 10 millones de euros, es difícil de amortizar ante la escasez actual de residuos, asegura Molina.

«Esta situación es consecuencia directa de los robos que se producen en los puntos limpios o en las propias plantas, y de la falta de una gestión correcta de los propios ciudadanos que los abandonan en la calle». Según sus datos, del millón de aparatos frigoríficos y congeladores que las familias españolas dieron de baja en 2011 para su posterior reciclaje, el 33 %, unas 25.000 toneladas, se perdieron por canales ilegales.

Para Molina, es un problema a nivel internacional en el que «mafias especializadas» realizan asaltos profesionalizados a plantas de residuos para vender los metales robados -especialmente el cobre- en China a través de puertos europeos como Barcelona o Marsella.

Tasa de reciclaje

Cuando se compra un aparato eléctrico o con pilas, el consumidor paga una tasa para financiar el correcto reciclaje de ese producto, que varía entre los 10 euros de un frigorífico o los 3 de un microondas.

Sin embargo, siete años después de la puesta en vigor del decreto que regula el sistema, hay operadores ilegales que asaltan el punto limpio y « canibalizan un frigorífico », es decir, roban la parte más jugosa del aparato, el compresor, el cual alberga en su interior metales lucrativos como el cobre y metal férrico, detalla Molina.

Desde la Federación argumentan que una mayor y mejor colaboración ciudadana sumada a una estricta aplicación de la ley, para que se juzgue a los «operadores ilegales» por el daño provocado y no por el valor del material robado, ayudaría a que los residuos fuesen gestionados dentro del marco legal establecido.