Transportes destinará 16 millones de euros para mejorar 130 kilómetros de carreteras en la provincia de Sevilla

La duración del contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros y sacado a licitación, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de hasta nueve meses. La adjudicación se publicará, tal y como fija el propio ministerio, «próximamente» en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

En concreto, el contrato recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones en 130,802 kilómetros de carreteras de la provincia de Sevilla, incluyendo 95,202 kilómetros de autovía. Los tramos objeto del contrato son:

- AP-4, del km 13, en Dos Hermanas (Sevilla), al km 105,36, en Puerto Real (Cádiz). Este tramo de 92 km pasa por municipios como Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, en la provincia de Sevilla, y Jerez de la Frontera en Cádiz.

- AP-4A, del km 12,5 al 15,4, en Dos Hermanas.

- N-IV, del km 579,8 (Utrera) al 615,9 (El Cuervo de Sevilla), pasando por Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

El contrato incluye además la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida entre los kilómetros 45 y 105,4 de la autopista AP-4 abarcando las provincias de Sevilla y Cádiz.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.