Las cooperativas de Marinaleda tampoco pagan por el uso de la tierra desde 1992

Esas ocho cooperativas —agrupadas en la cooperativa de segundo grado Marinaleda, hoy gestionada por Juan Antonio Prieto — están acostumbradas a saltarse la Ley sin miramientos, ya que el Ayuntamiento de Écija les ha abierto también expedientes sancionadores por construir viviendas, naves y balsas en su término municipal sin licencia. Además, durante años no pagaron a la comunidad de regantes de los Humosos el agua que usaban, lo que llevó a esa comunidad a precintarles las bocas de riego, que ellos se ocuparon de romper. Ahora se sabe que las cooperativas de Marinaleda tampoco pagan desde hace 24 años el alquiler de sus tierras, a pesar de lo cual Sánchez Gordillo — líder del Sindicato Andaluz del Campo, político de la CUT y exdiputado andaluz de IU — sigue proclamando la utopía de «la tierra para el que la trabaja».

Las ocho cooperativas de Marinaleda se beneficiaron de la polémica Reforma Agraria de la Junta. Gracias a una resolución de julio de 1991 del Instituto de Reforma Agraria (Iara ) de la Junta de Andalucía accedieron en régimen de concesión  a ocho lotes de tierras con 1.196 hectáreas de la finca «Los Humosos», mientras que otros cuatro lotes se adjudicaron a entidades de Écija. Unas cooperativas —como «Tierra, trabajo y libertad» o «Los domingos rojos— tomaron posesión de las tierras en 1992, mientras que el resto lo hizo en 1995.

Las cooperativas que fomentaron Sánchez Gordillo y e l líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC) Diego Cañamero -también diputado de Podemos- recibieron 932 hectáreas de regadío y 265 hectáreas de secano, en las que la Junta realizó previamente una fuerte inversión en regadíos, plantaciones, olivos, edificaciones y maquinaria agrícola. El Gobierno andaluz determinó en 1996 que las cooperativas debían pagar un canon anual de uso teniendo en cuenta el valor de las tierras y las inversiones realizadas, fijándose como fecha de vencimiento el 31 de octubre de cada año, aunque el plazo de vigencia de la concesión se fijó en 12 años.

Sin embargo, las cooperativas de Marinaleda no han pagado ese canon anual, por lo que su deuda con la Junta en concepto de arrendamiento de las tierras ascendería a 5,2 millones de euros en 2012. De los cánones de 2014 y 2015, la Junta le reclama ahora el pago de 160.170 euros por cada ejercicio.

ABC ha intentando sin éxito ponerse en contacto con Juan Antonio Prieto, presidente de la cooperativa Marinaleda, para recabar su opinión al respecto. Por su parte, el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha declarado a este periódico que lo único que sabe es que la Junta reclama a las cooperativas los dos últimos años de canon, pero afirma desconocer si existen impagos anteriores.

La Junta de Andalucía pidió en 2013 a sus servicios jurídicos un informe sobre la posible prescripción del derecho de cobro de los cánones de los concesionarios que no hubieran pagado en tiempo y forma. Según ha podido saber ABC, el informe señala que el derecho a cobrarlo está sujeto a prescripción y que el plazo en el que prescribía ese derecho a cobrarlo sería el de cuatro años. Por lo tanto, muchos de los cánones de esas tierras impagados por las cooperativas podrían haber prescrito.

Aunque el Ayuntamiento de Marinaleda rechaza su vinculación con las cooperativas, Juan Manuel Sánchez Gordillo las frecuenta a menudo e, incluso, miembros del equipo de Gobierno municipal han llegado a repartir el trabajo en las cooperativas dentro del edificio que acoge esa administración local.

Las dificultades económicas de las cooperativas explican los impagos del alquiler de las tierras y del agua durante años (hoy ya sólo debe dinero a la comunidad de regantes una de ellas), sino también en el retraso en pagar la luz o la nómina de sus empleados, algunos de los cuales trabajan gratis durante los llamados «domingos rojos».