Así ha reaccionado el primer edil de la localidad aljarafeña, ante el contenido del atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en el marco de dicha investigación abrió otra línea de pesquisas sobre cómo Pineda, otrora también gerente de la empresa Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, junto a su esposa y otros socios, obtuvo pingües ganancias con la venta por 3,9 millones de euros de unos suelos del Higueron comprados cinco meses antes a Emvisesa por 1,7 millones de euros.
Al detalle, la UCO señala en su atestado que mientras el Ayuntamiento de Gines tenía tres expedientes administrativos abiertos contra un restaurante del mencionado miembro de la red de narcotraficantes, este investigado habría recurrido a Rafael Pineda, aprovechando sus supuestas conexiones con este, para que lograse a su vez la involucración supuestamente del alcalde y, mediante presuntas presiones a la arquitecta municipal que intervenía en tales procedimientos administrativos, «conseguir la resolución positiva» de los mismos y acelerar la reapertura del negocio.
La UCO señala así que Pineda y el alcalde, en este marco, habrían recibido «contraprestaciones» por parte del mencionado narco investigado, como invitaciones a comidas, cenas y copas en otros locales que controlaba este hombre, siempre presuntamente, si bien el regidor lo niega «tajantemente», según un comunicado que ha emitido tras la publicación del contenido del atestado.
Así, Romualdo Garrido niega que haya recibido «contraprestación o trato de favor» por parte de Pineda o del citado investigado en la causa por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, asegurando que los expedientes administrativos relacionados con el restaurante del citado encausado «se han desarrollado en base a la más estricta legalidad y cumpliéndose los plazos establecidos en cada caso».
«La actuación del Ayuntamiento de Gines se ha limitado a informar a las partes interesadas sobre sus derechos y obligaciones, al igual que en cualquier procedimiento administrativo gestionado desde esta administración pública«, indica Romualdo Garrido, señalando que nunca ha estado »en ninguno de los locales o establecimientos propiedad del citado David R.M».
En cualquier caso, la jueza instructora del asunto ha solicitado al Ayuntamiento de Gines toda la documentación de los citados expedientes administrativos, considerando en un auto de fecha del pasado 23 de septiembre que los hechos investigados podrían suponer presuntos y posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
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