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El PSOE admite irregularidades en contrataciones municipales en Espartinas
El PP pide a Ciudadanos nuevas baremaciones y una vecina inicia una huelga de hambre por quedar excluida del programa de emergencia social
El PSOE admite irregularidades en contrataciones municipales en Espartinas
El grupo municipal popular de Espartinas -Ayuntamiento donde gobierna Ciudadanos en coalición con el PSOE - ha denunciado este jueves que el c oncejal de Asuntos Sociales, el socialista Ignacio Rubio , ha admitido que se han producido irregularidades en ... la baremación de candidatos para acceder a contratos financiados con cargo al plan de emergencia social de la Junta, a pesar de lo cual el Gobierno municipal no ha anulado la adjudicación.
Para apoyar su denuncia, el PP aporta un audio en el que Ignacio Rubio admite que hay irregularidades en esa baremación y culpa de ello a los técnicos municipales, a los que dice se le va a abrir un expediente. Lola Villar, una vecina de 45 años de Espartinas , ha iniciado una huelga de hambre frente al Ayuntamiento porque no ha sido contratada aunque en los últimos años ha quedado siempre entre los cinco primeros beneficiarios por estar desempleada y tener en acogida permanente a su sobrino, hijo de una hermana fallecida.
El portavoz del PP en Espartinas, Javier Jiménez , pedirá este viernes, 18 de septiembre, al alcalde de Espartinas, José María Fernández, que suspenda los 18 contratos realizados con cargo a ese plan de emergencia social y que un técnico de la Junta, Administración que financia el programa, realice de forma inmediata una nueva baremación. Asimismo, Jiménez exige que se asuman responsabilidades por parte de quienes firmaron los contratos del plan de emergencia social «a pesar de saber que había irregularidades en la baremación porque podríamos estar ante un delito de prevaricación». El PP advierte que «si el equipo de Gobierno municipal no suspende los contratos y realiza una nueva baremación, nos reservamos el derecho a ir a los tribunales con la grabación en la que el concejal de Asuntos Sociales admite irregularidades, así como con otra documentación».
Tras la denuncia del PP y de la vecina, el edil socialista Ignacio Rubio ha declarado a ABC que «entiendo que posiblemente ha habido irregularidades pero esto no va a quedar así. No digo que los técnicos lo hayan hecho queriendo, pero cuando hemos visto la documentación y la forma en que se ha hecho, hemos decidido que hay que solventarlo y lo mejor es que una persona externa al Ayuntamiento revise las baremaciones». El concejal de Asuntos Sociales admite que las baremaciones estaban llenas de tachones y no eran muy ortodoxas. «Si finalmente se confirman esas irregularidades -dice- habrá que subsanarlas aunque no sé yo si habrá que llegar a anular las contrataciones de las 18 personas», en su mayoría conserjes en colegios públicos.
El proceso de baremación
El Ayuntamiento de Espartinas ha emitido un comunicado en el que dice que «el proceso de baremación del personal y su selección ha sido realizado por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Espartinas, sin intromisión del Equipo de Gobierno» y que «aunque confiamos plenamente en el trabajo realizado por los técnicos y ante la petición de una vecina que no ha sido seleccionada en el proceso, encargará la revisión del mismo a un técnico homologado y se invitará a los grupos políticos de la oposición a que participen en él. La revisión se concluirá antes del 24 de septiembre».
Por su parte, Lola Villar, la vecina que ha iniciado una huelga de hambre para reivindicar que se le incluya en el plan de emergencia social porque asegura cumplir todos los requisitos, ha manifestado que «los técnicos que han realizado la baremación dicen que no han podido llevar a cabo el protocolo por las presiones recibidas del Ayuntamiento». Asimismo, Villar afirma que «primero Ignacio Rubio me dijo que se iba a abrir un expediente a los técnicos que realizaron la baremación pero después ha salido dando la razón al alcalde y a los técnicos. Para que me calle me han dicho que me incluirán en otro programa de emergencia de la Diputación que saldrá en octubre pero yo no me fío».
Por otra parte, el Ayuntamiento acaba de entregar a esta vecina 400 euros para pagar el alquiler que debe a su casero, así como 150 euros para la factura de agua y 55 euros para el suministro eléctrico pendiente de pago. «Me ofrecen seguir pagándome las facturas que no pueda afrontar pero yo les pregunto: ¿No será mejor emplear ese dinero en contratarme y así yo cotizo a la Seguridad Social y me siento más realizada, ya sea limpiando calles o siendo conserje en un colegio?», dice esta vecina, que denuncia que a pesar de reclamar una vivienda social el Ayuntamiento tiene tres vacías.
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