El alcalde socialista de Brenes y un concejal, en el banquillo por conceder licencias ilegales

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, en el juicio que se celebrará este viernes, la Fiscalía solicitará para cada acusado 18 meses de prisión, multa de 24 meses con cuotas diarias de 20 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años por un delito continuado contra la ordenación del territorio por prevaricación.

El 27 de septiembre de 2012, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta remitió a la Fiscalía una serie de escritos alertando de las posibles irregularidades cometidas en la concesión de la licencias de ocupación para dos viviendas de la localidad, ya que ambas licencias se habrían dado a pesar de los informes negativos del arquitecto y del secretario.

Tras ello, el fiscal pidió al Ayuntamiento una serie de documentación al respecto, como una copia íntegra del expediente administrativo relativo a las licencias de edificación y de todos los trámites seguidos hasta las licencias de ocupación; la certificación de la identidad de las autoridades que votaron a favor de la concesión, o información sobre el estado actual de las obras.

En relación a la primera de las viviendas en construcción, una casa unifamiliar ubicada en la calle Cantillana de la localidad, el promotor solicitó licencia de ocupación en mayo de 2011, para lo que aportó un certificado final de la dirección de la obra suscrito por dos arquitectos que aseguraban que la edificación había quedado terminada bajo su dirección de conformidad con el proyecto aprobado por la anterior licencia de obras.

Sin embargo, según indica el fiscal en un escrito consultado por Europa Press, el arquitecto municipal informó negativamente a la concesión de la licencia de ocupación «por no estar finalizada la obra, aparte de sin enfoscar ni pintar», informe al que atendió el alcalde para denegar la licencia el 19 de mayo de 2011.

Tras ello, en octubre de 2011, el arquitecto municipal informó nuevamente «reiterando que no se había terminado la vivienda, y que además las obras realmente ejecutadas no se ajustaban al proyecto y la licencia de edificación», pues había un «notorio exceso» de 161 metros cuadrados, 150,98 de ellos no legalizables por exceder de la edificabilidad máxima de la parcela.

De su lado, el secretario alertó de que la obra ejecutada «era disconforme» con la licencia de obras e «imposible» de legalizar, por lo que advertía al alcalde de que no debía conceder la licencia de ocupación.

Ambos técnicos propusieron al alcalde que debía incoarse expediente para restituir el suelo a su realidad física originaria, imposición de multa e incoación de expediente sancionador.

«No obstante la claridad de los dos informes técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de ocupación», y «sin justificar mínimamente una propuesta discordante con los criterios técnico y jurídico», el concejal querellado propuso «de manera arbitraria» al alcalde que concediera la licencia, «sabiendo que no debía darse».

De su lado, el alcalde, «perfectamente consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución las graves objeciones de legalidad que se le indicaban por sus técnicos, no solamente denegó la propuesta de incoar los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador, sino que concedió la licencia de ocupación».

En relación a la segunda de las viviendas, ubicada en la avenida de Portugal, el fiscal dice que el procedimiento «fue idéntico», pues pese al informe desfavorable emitido por el jefe del Servicio de Obras y Servicios, el concejal querellado «propuso de forma arbitraria» al alcalde la concesión de la licencia «manifiestamente ilegal».

Tras ello, el alcalde «no sólo denegó el inicio de expediente de reposición de la legalidad y sancionador que había propuesto el técnico, sino que también resolvió conceder la licencia de ocupación a sabiendas de su injusticia».

El fiscal concluye, conforme a las periciales encargadas a la Dirección General de Urbanismo de la Junta, que las licencias de ocupación «son claramente contrarias a la normativa de planeamiento», señalando que a fecha de 20 de febrero de 2013 «las obras siguen sin finalizar en cuanto a enfoscado y pintura, lo que ya por sí solo debería bastar para haber denegado en su día la licencia de ocupación».

El perito designado por la Fiscalía tasó el coste de reposición del suelo a su estado originario en 53.000 euros para la vivienda de la calle Cantillana y en 25.000 euros para la de la avenida de Portugal.