El temido rebrote de la pandemia del desempleo en Andalucía

En 2012 la región alcanzó el peor dato de su historia, cuando el desempleo rozó al 37% de la población activa y se registró casi un millón y medio de parados. Hasta 2015 no se entró en una nueva etapa de descenso paulatino : en ese momento se bajó del 30% y se inició una remontada que situó este índice en el 20% en el último trimestre de 2019. Esta cifra aún estaba muy lejos de los registros previos a la recesión (el 12,6% de 2006, en pleno boom de la construcción), pero se trataba de una evolución que invitaba al optimismo y todas las previsiones apuntaban que seguiría mejorando paulatinamente en los próximos años.

«El impacto total dependerá del ritmo al que se reactive la economía en los próximos meses, pero por desgracia vamos a sufrir de nuevo las consecuencias de los problemas estructurales de nuestro sistema laboral, en el que la tasa de temporalidad es demasiado alta», remarca José Ignacio García, economista y rector de la Universidad Internacional de Andalucía (Unia).

La comunidad es, además, muy dependiente del negocio turístico, uno de los que más sufrirán las consecuencias de la crisis sanitaria. En Andalucía se volverán a agravar algunas de las lacras que se estaban ya superando . «Existe el riesgo de que los desempleados de larga duración sin prestaciones sean nuevamente relegados en la larga cola del paro, a semejanza de lo que ocurrió en la anterior recesión; y los jóvenes volverán a encontrarse con un mercado laboral muy debilitado ; y los trabajadores de más edad también pueden quedar excluidos», señala José Ignacio García Pérez.

Frente a ello, este experto sostiene que hay que poner en solfa todas las medidas posibles para mitigar algunas de las lacras que la sociedad andaluza estaba ya superando. «El paro de larga duración rozaba en marzo de 2014 las 900.000 personas, una cifra se había reducido drásticamente hasta situarse en 358.000, una bajada de más de medio millón… El objetivo es salvar al máximo esa remontada ».

Para estimar las consecuencias de la actual recesión habrá que esperar a noviembre. Será el mes en el que se conocerá la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del ejercicio y «se podrá valorar entonces cuántos puestos de trabajo se conservan de los actuales Expedientes Temporal de Regulación de Empleo (Ertes)». También se podrá estimar cómo se ha comportado finalmente la temporada turística, ya que aún pesa una gran incertidumbre sobre el balance final que arrojará el verano . Y en el tercer trimestre del ejercicio se habrá concretado el plan de reactivación que ha puesto en marcha la Unión Europea, que contempla una inversión para España de 144.000 millones de euros . Aunque cualquier previsión que se realice actualmente está sujeta a una enorme incertidumbre, en este momento el Gobierno andaluz estima que en 2020 se destruirán más de 322.000 empleos (un 10,3% en términos de EPA).

«Ahora el gran desafío es lograr que sobrevivan las empresas para que éstas, a su vez, mantengan la máxima tasa de actividad posible ». Bajo esta premisa, los servicios públicos de empleo tendrán un papel esencial para propiciar el acceso al mercado laboral de quienes ahora se han quedado fuera. Será obligatorio «implantar perfilados estadísticos para tener una estimación individual del riesgo que tendrán los demandantes de trabajo de quedarse atrapados en el paro; lo necesitan las oficinas de empleo para gestionar el ingente volumen al que tendrán que atender en estos meses».

No todos los sectores han sufrido caídas; de hecho, hay algunas ramas que están generando puestos de trabajo. Las actividades logísticas, las nuevas exigencias sanitarias y determinadas campañas agrícolas están creciendo. El confinamiento ha provocado, además, una digitalización acelerada de la economía, que requiere nuevos perfiles. «La formación profesional para el empleo adquiere ahora mayor relevancia que nunca», sostiene este economista.

En este sentido, el mercado laboral andaluz mantiene ciertas diferencias con las del conjunto de España, fruto de su propia estructura económica. La población activa roza los cuatro millones de personas. De ellas, alrededor de un tercio cuenta con estudios superiores, un porcentaje siete puntos inferior a la media. El refuerzo de la formación orientada al empleo, por lo tanto, es esencial.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha iniciado la contratación por 41 millones de euros de cursos de Formación Profesional, una política que estaba abandonada desde 2012. A fines de año prevé sacar una segunda licitación. «Será esencial para favorecer que haya trasvases de empleo de sectores que están sufriendo la crisis hacia actividades y empresas que están intensificando ahora su actividad», remarca.

En este contexto se ha cuestionado por parte del Ministerio de Trabajo la derogación de la reforma laboral vigente desde del 13 de febrero de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta norma flexibilizó el mercado de trabajo facilitando a las empresas cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios; incentivó la contratación indefinida, introdujo un contrato específico para pymes y emprendedores, implantó un despido procedente más barato y posibilitó despidos colectivos en las administraciones y empresas públicas.

Desde ese momento ha variado la relación entre el crecimiento económico y el nivel de empleo (la denominada Ley de Okun). Antes de la crisis de 2008, el crecimiento del PIB en Andalucía para crear empleo debía superar el 1,95%. Ahora esa variable ha cambiado y con una expansión de la economía del 1,07% ya se advierte un aumento de los ocupados.

En términos netos, la evolución de la cifras de paro y empleo han sido nítidamente positivas desde su aprobación y «cuando entró en vigor en plena recesión evitó la destrucción de más empleo», remarca José Ignacio García, que considera que «las circunstancias excepcionales de la pandemia obligan a una revisión que flexibilice aún más la contratación».

Los empresarios no pueden hacer planes a medio plazo , ya que desconocen la demanda que habrá sectores como la hostelería o el turismo, así que necesitan «fórmulas muy ágiles que le permitan dimensionar su plantilla a las necesidades de cada momento».

El Covid-19 y sus consecuencias económicas eran imprevisibles, pero ahora que se ha experimentado un confinamiento «debería preverse qué ocurriría tras el verano en el caso de que haya un rebrote» y adaptar bien la normativa laboral para adoptar, si es necesario, medidas excepcionales.

Un indicador clave de la situación de las regiones europeas es el índice de Competitividad Regional , elaborado cada tres años por la Unión Europea. Este estudio mide dimensiones como la estabilidad económica, la sanidad, la eficiencia del mercado laboral o la innovación, representados en un total de once indicadores. Andalucía ha perdido competitividad económica en los últimos años, pasando del puesto 220 en 2016 al 227 en 2019 (de un total de 268 regiones). La comunidad iguala a la media de ámbitos de similar renta per capita en la mayoría de los indicadores , a excepción precisamente de la eficiencia en el mercado laboral, donde se sitúa por debajo.

Rafael Domenech, analista económico de BBVA, recuerda que España tiene una capacidad productiva más elevada que la del 80% de los países en el mundo , pero su tasa de desempleo es más del doble. La explicación está en la regulación, las barreras y las cargas con las que tiene que funcionar nuestra economía no se adaptan a la capacidad productiva de empresas y trabajadores. «Frente a la flexiseguridad de muchas economías del centro y norte de Europa, España destaca por su flexirigidez».

Para Gloria Villar, directora del área laboral de Mercer, la clave es la flexibilidad y la digitalización . «En los países desarrollados las relaciones laborales son flexibles, enfocadas a proyectos, y el índice de paro es muy reducido». La expansión acelerada del teletrabajo debe ser el impulso para la aplicación masiva de tecnología que colabore a este nuevo entorno laboral.

¿Qué efecto puede tener la renta mínima vital ? «Se han diseñado mecanismos para que no desincentive la búsqueda de empleo, pero aún así es esencial que se vigile bien su funcionamiento para que no se convierta en una trampa de pobreza», apunta José Ignacio García.