El grupo inmobiliario Tremón prepara una modificación de su convenio de acreedores con una quita del 99%

En 2012, el Juzgado Mercantil aprobó el convenio que estipulaba para los acreedores ordinarios una carencia total de pago de tres años y una espera posterior de seis años. Para los acreedores privilegiados de Tremón, propiedad del sevillano Hilario Rodríguez Elías (50,01%) y de la sociedad Atlantis Servicios Inmobiliarios (49,9%), se fijó una carencia total de pago de principal e intereses remuneratorios y no moratorios, y una espera de ocho años. Los subordinados tendrían que esperar a que estuvieran abonados todos los créditos ordinarios y privilegiados.

En medio de una batalla jurídica sobre la fecha en que debía comenzar a surtir efecto el convenio, el Grupo Inmobiliario Tremón, cuyo director general es Andrés Gilabert, quiere acogerse a la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente el Covid para proponer una modificación de convenio, según se recoge en la escritura de protocolización fechada el 11 de marzo de 2021 en Madrid.

Algunos de los acreedores de Tremón, una empresa que intentó salir a Bolsa 2007, son empresas que le vendieron suelo y a cambio recibieron un pagaré que nunca lograron cobrar o que descontaron en bancos sin que la empresa lo hubiera atendido, lo que llevó a los bancos a dirigirse contra los acreedores de Tremón. Ahora se encuentran que si se aplica la quita del 99% habrían regalado literalmente el suelo a la compañía, que continúa con su actividad. ABC ha contactado con uno de esos acreedores, defendido por Martínez-Echevarría y Rivera Abogados, que asegura que «una quita de un 99% de los créditos se presenta como una medida opuesta al objetivo natural de un convenio, pues prácticamente implicaría una condonación de los créditos y la insatisfacción definitiva de los acreedores».

«Una mayoría de acreedores ordinarios puede someter a los demás a la modificación del convenio, pero un derecho debe ejercitarse siempre de buena fe, dentro de sus límites normales y sin daño para tercero. Una quita del 99% sería muy perjudicial para los acreedores que no la respaldasen. Y si los créditos han nacido como consecuencia del impago de precios de compraventas de inmuebles, éstos quedarían en propiedad de la concursada sin apenas contraprestación económica, lo cual comportaría un enriquecimiento injusto, sin lógica económica ni jurídica, y con grave perjuicio para el vendedor. El concurso de acreedores no está legalmente diseñado para provocar este efecto», declaran a ABC Francisco Gallardo, socio del área mercantil Martínez-Echevarría y Rivera Abogados, y Juan Luis Pulido, catedrático de Derecho Mercantil.

En las cuentas de 2019 depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad Tremón registra un patrimonio neto negativo de 244 millones de euros, quedando reducido a la mitad de su capital social. Sin embargo, arguye que existe una plusvalía de sus existencias e inversiones inmobiliarias por 1.014 millones, no registradas contablemente, por lo que el valor de la sociedad estaría en 770 millones de euros en el caso de que pudiera realizarse la venta de los inmuebles.

En su contabilidad de 2019 figura un activo de 255 millones de euros, de ellos son 144 son terrenos y promociones en curso. Además, la sociedad tiene 87 millones de euros en inversiones en empresas del grupo, de los cuales 64 millones son participaciones en otras sociedades de Tremón. Así en 2019 figuraban partipaciones por 16 millones de euros en Sem Iberia Investments (antes TR Hotel El Pinar) y por 11 millones en TR H oteles alojamientos y Hosterías), así en Complejos Turísticos Insulares (2,2 millones), TR Hotel El Tirant (un millón) o TR Hotel Mijas 1,2 millones).

En 2019, sus cuentas incluían existencias de terrenos y promociones en curso en las localidades sevillanas de Utrera y Espartinas, Málaga, Córdoba, Cádiz y Madrid. El grupo inmobiliario Tremón es también dueño de una franja de suelo situada en El Arenal de la Fuensanta de Córdoba, junto al río, donde está la Ciudad Deportiva y otros terrenos colindantes. Además, la sociedad tiene terrenos en el hipódromo de Málaga y en Puerto Banús (Msrbella), gravados con créditos hipotecarios, según el Registro Mercantil.