Nueva Ley de la Vivienda: ¿Quién tendrá que pagar los gastos de la agencia?

Uno de los cambios que la nueva norma trae consigo es que, como recoge EP, «los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario». Esta modificación, según declararon los portavoces de Bildu y ERC, implica terminar con «gastos y honorarios abusivos que impiden a muchas personas, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone».

En concreto, explican desde EP, «se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro desembolso no atribuible al inquilino que no estuviera acordado previamente. En este sentido, para aplicar un incremento en el precio del alquiler por la elaboración de una reforma en la vivienda, dicha reforma tendrá que superar el 10% del valor de compraventa de la casa».

Además, el pacto trae otras novedades, como el mantenimiento del límite del 2% en la subida del alquiler para este año y su incremento al 3% para 2024 con el objetivo de crear un nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio.

Otro ámbito en el que el Gobierno asegura haber querido incidir es el de los beneficios fiscales. Para ello, se pretende crear un sistema potestativo para las entidades locales, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para favorecer la movilización de viviendas vacías. Asimismo, se quiere proteger los parques públicos de vivienda y prohibir la venta a fondos de inversión. «En la misma línea, los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentarán del 30% al 40% en el suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado», informa EP, que añade que, de forma adicional, «se establecen mecanismos para garantizar la transparencia en el ámbito inmobiliario, tanto en la compra como en el alquiler».

Por último, se blindarán las competencias autonómicas y locales, se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada y se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que vaya en la misma dirección.