El ERE de Telefónica afectará a 600 trabajadores en Andalucía

Ese es el primer cálculo que ha realizado el sindicado Comisiones Obreras que está analizando toda la documentación y sigue a la espera de nueva información sobre el alcance definitivo de este expediente regulador. La provincia más afectada es, con diferencia, la de Sevilla, donde podrían perder su trabajo 275 personas al concentrar más sedes y servicios de la teleco española.

La irrupción de la inteligencia artificial y de la robotización están detrás de este recorte, según opinan los sindicatos, aunque la motivación que esgrime la compañía es «causas organizativas, técnicas y de producción», como recoge la documentación de los cinco primeros ERE anunciados. Raquel Díaz, delegada de CCOO en Andalucía para esta negociación explica a ABC que «estos números salen de un estudio realizado por una empresa externa que indica el número de puestos que son excedentes». Sin embargo, confía en que tras la negociación será menor.

No obstante, el tijeretazo de empleo va a ser elevado. Por eso mismo, las miras están en que más allá de que pueda ser voluntaria la adhesión a este expediente, tenga «carácter universal, con enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales». El término universal a lo que se refieren es a que no haya exclusiones entre los trabajadores que se quieran acoger al procedimiento de salida. La realidad es que, como ya ocurrió en 2024, las solicitudes de adhesión a los ERE en Telefónica suelen superar incluso las cifras pactadas entre sindicatos y empresa. En el anterior recorte fue mayoritaria la salida de los empleados de más edad, especialmente los nacidos entre 1968 y 1971. Ahora se espera que el proceso vaya por los mismos derroteros.

Por su lado, UGT, que es la organización con más representación, ha exigido que «cualquier medida que se adopte se articule como un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2024». Igualmente ha transmitido a Telefónica que no será posible llegar a un acuerdo sobre el ERE si no se avanza en las negociaciones para extender el convenio laboral hasta 2030, haciendo coincidir su vigencia con el fin del nuevo plan estratégico liderado por el presidente Marc Murtra.

El ERE de la firma española necesita del aval del Gobierno, puesto que se trata de una empresa participada por la Sepi. Y de entrada parece que ese apoyo se está tambaleando. La más crítica con este asunto ha sido la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien lo calificó ayer de «indecente» y ha remitido una carta a la sociedad pública mostrando su rechazo.

El Estado tiene un 10% de la operadora después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera regresar al capital de Telefónica tras el desembarco de los saudíes de STC. El argumento que dieron entonces fue para proteger las capacidades estratégicas de la compañía y la seguridad nacional. Posteriormente, La Moncloa forzó la salida del presidente José María Álvarez-Pallete para colocar a Marc Murtra como presidente y, asimismo, Carlos Ocaña es vicepresidente de la operadora en representación pública.