La Justicia obliga a otro prejubilado del ERE de Mercasevilla a devolver el dinero

En una sentencia emitida el pasado 10 de febrero y recogida por Europa Press, la Sala de lo Social del TSJA aborda un litigio promovido por Mercasevilla por el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por dicha sociedad perteneciente al Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa. Este ERE tuvo un coste de 9.046.976,95 euros y a él se adhirieron unos 40 empleados para acceder a la prejubilación.

Si bien sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación toda vez que empezó a conocerse las presuntas irregularidades en la concesión de estas ayudas para la prejubilación que derivó en el conocido como caso de corrupción de los ERE, que terminó sentando en el banquillo a la cúpula socialista en la Junta de Andalucía durante una década , entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

Entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero , fallecido en octubre de 2020, firmó varios documentos mostrando la «conformidad» de su departamento para pagar las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. El posterior director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, resolvió que estos actos fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio» .

En 2014 la Sala de lo Social del TSJA emitió una sentencia declarando «nulo y fraudulento» el citado ERE al incluir indemnizaciones que «exceden exageradamente» el Estatuto de los Trabajadores y las relativas a un despido improcedente.

«De lo pactado se deduce que lo que se abona es la indemnización por extinción de la relación laboral, que en este caso excede exageradamente (...) el Estatuto de los Trabajadores y la prevista para un despido improcedente (...), al incluir no sólo el complemento salarial, sino una cantidad para cubrir el convenio especial de la Seguridad Social y una renta vitalicia y constante, por lo que el acuerdo alcanzado por la representación de la empresa y el comité de empresa (...) constituye un auténtico abuso de derecho y un fraude de Ley», resumía el TSJA en aquella sentencia, recogida por Europa Press.

Según el TSJA, estos trabajadores sólo «tenían derecho a percibir de la empresa la indemnización por la extinción de la relación laboral a razón de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, descontándose de la cantidad resultantes las sumas cobradas por la indemnización diferida«.

Esta nueva sentencia de la Sala de lo Social del TSJA , que sigue a una similar emitida el pasado 13 de enero, aborda un litigio promovido por Mercasevilla para que dicho trabajador le reintegrase «las diferencias entre el importe de la indemnización que percibió como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo y la que le hubiera podido corresponder por un despido improcedente, al haber sido declarado dicho expediente de regulación de empleo fraudulento».

Pero inicialmente, el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla desestimó sus principales pretensiones, considerando que «al haber pactado Mercasevilla este ERE y haber participado en el fraude n o tenía derecho a reclamar la cantidad percibida en exceso por el trabajador«.

Tras impugnar Mercasevilla la sentencia del Juzgado de lo Social, en demanda de revocar esta resolución inicial y condenar al empleado al «reintegro de la cantidad indebidamente percibida» , el TSJA accede a las pretensiones de la empresa, esgrimiendo el «criterio» marcado en la sentencia emitida el pasado 13 de enero, revocando ya una sentencia similar del Juzgado de lo Social número cuatro y condenando a un prejubilado del ERE de 2007 a reintegrar 34.100,18 euros.

Del mismo modo, y al igual que en la sentencia inicial del pasado 13 de enero, el TSJA repite que « el demandado no fue parte en el acuerdo colectivo declarado fraudulento y se benefició de la irregularidad cometida por sus representantes con plena conciencia de las excepcionales condiciones de su salida de la empresa«, con lo que se aplica el artículo del Código Civil según el cual »el que de buena e hubiera aceptado un pago indebido, de cosa cierta y determinada, sólo responderá de las desmejoras o pérdida de éstas y de sus accesiones, en cuanto por ellas se hubiese enriquecido«.

Así las cosas, el tribunal estima el recurso de Mercasevilla, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro y condena al trabajador a reintegrar 44.281,92 euros a la empresa.