Alaya: «Apoyo a los padres de Marta del Castillo y Diana Quer para la prisión permanente revisable»

El Congreso ha votado la derogación de la prisión permanente revisable con los votos a favor de PSOE, Podemos, PNV, IU, ERC...  Esa derogación se está tramitando sin esperar al Constitucional. ¿Cree que es lo adecuado?

El Parlamento debería haber esperado al Constitucional. Yo estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa que se introdujo, con los votos del PP, en la Ley Orgánica de 26 de marzo de 2015. Se estableció un período de privación mínimo de libertad de 25 a 35 años, de modo que si se llega al tercer grado penitenciario, que es el cumplimiento de la mitad de la condena, los magistrados tienen la obligación de oficio de revisar cada dos años si ese señor está o no rehabilitado. Por otra parte, yo no sólo estoy de acuerdo con los casos que se contemplan para la prisión permanente revisable, que son los más graves, como asesinato a menores de 16 años o personas incapaces o vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; asesinatos precedidos por agresiones sexuales; asesinatos por bandas terroristas o asesinatos múltiples,… sino que apoyo la ampliación de los supuestos que están planteándose, como las violaciones múltiples, el asesinato cuando se obstruye el descubrimiento del cadáver, como sucedió en el caso de Marta del Castillo, que es una situación dramática inenarrable, y el asesinato precedido por una detención ilegal.

Los padres de Diana Quer, Marta del Castillo y Mariluz recogen firmas para paralizar la derogación de la prisión permanente revisable. ¿Firmaría esa propuesta como madre de familia?

Sí.

El Chicle, que se ha confesado culpable de la muerte de Diana Quer, se jactó de que saldría de la cárcel en 7 años.

Es que en materia penitenciaria también considero necesario la reforma del tercer grado penitenciario. En nuestra legislación está previsto que se alcance el tercer grado en penas superiores a cinco años cuando se alcance la mitad de la pena. Si eso son para penas superiores a cinco años, imagínese cuando las penas son inferiores. Esta situación de tercer grado supone el disfrute de permisos de salida normalizados de fines de semana, salidas programadas y residencia en régimen abierto, en centros abiertos o centros de inserción social penitenciarios o no penitenciarios , e incluso, si aceptan un dispositivo telemático, es suficiente con que estén las ocho horas en el Centro en programas terapéuticos para la reinserción social.

Teniendo en cuenta la progresión  que se ha producido en los tres últimos años en delitos tan graves como la agresión sexual, drogas, detención ilegal, robos en casas habitadas... les sale barato a los delincuentes cometer este tipo de delitos, lo que explica en buena medida que haya tanta reincidencia. En mi opinión, sólo debería acceder al tercer grado cuando se haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, que es cuando ahora se concede la libertad condicional. Y la libertad condicional sólo debería darse cuando se haya cumplido la mitad de la cuarta parte restante, tiempo más que suficiente para que el individuo se habitúe a vivir en sociedad. De esa manera, la ciudadanía no tendría la sensación de que los delincuentes entran por una puerta y salen al poco tiempo por la otra.

Hay casos judiciales que prescriben por dilaciones indebidas, entre otras cosas porque los juzgados no tienen medios humanos y materiales suficientes, a diferencia de la Hacienda Pública. ¿Es intencionada esa falta de medios?

Nosotros somos la Cenicienta de los poderes del Estado porque no tenemos personal ni medios suficientes, en definitiva porque no tenemos autonomía presupuestaria y estamos trabajando en condiciones absolutamente lamentables. Como la Justicia es la única que controla el poder político mediante la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción penal, pues a lo que menos quieren dedicar recursos es a la Justicia. Pero no olvidemos que la Justicia, como la educación y la sanidad son los tres pilares del Estado del Bienestar. Precisamente por eso no deberían estar transferidas ninguna de las tres a las comunidades autónomas porque las mismas tienen un importante déficit presupuestario y además no tienen ganas suficientes para dedicar medios a la justicia, que es la que controla a sus gobiernos, lo que genera una desigualdad absoluta entre los ciudadanos de aquellas comunidades autónomas cuyas competencias no están transferidas.

¿Cuántas plazas de jueces sería necesario crear en España?

Las distintas asociaciones judiciales han firmado un comunicado en el que se solicita la creación inmediata de al menos 300 plazas de jueces y fiscales al año, que se establezcan módulos de trabajo acordes con la salud laboral y, en relación a esta última, que no entre en vigor el Expediente Digital, lo que se conoce popularmente como “papel cero”, hasta que los juzgados y tribunales no tengan los medios técnicos adecuados. Aun así analizar y estudiar miles de folios que puede tener un expediente habitual a través de la pantalla del ordenador, resulta un trabajo de imposible realización incompatible con nuestra salud, además de un retraso enorme en el desarrollo de la función jurisdiccional.

Además de lo anterior, se ha solicitado por todas las asociaciones judiciales la supresión de los plazos de instrucción, la convocatoria inmediata de la mesa de retribuciones, que lleva sin reunirse más de siete años; la recuperación de los permisos, al igual que lo han recuperado el resto de los funcionarios; la recuperación del salario al nivel del 2010 y, por supuesto, la elección por parte de los jueces en listas abiertas de los doce vocales judiciales que junto a los ocho elegidos entre juristas de reconocido prestigio por el Congreso y Senado, conforman el Consejo General del Poder Judicial, sustituyéndose así la composición política del actual Consejo.