El próximo Gobierno de España tendrá que invertir casi 4.000 millones en Sevilla

En conjunto, los grandes proyectos del Estado pendientes en Sevilla suman una inversión total de alrededor de 4.150 millones, de los que apenas se han pagado hasta hoy 240 y, antes de 2027, están consignados otros 152. Esto supone que, a partir de ese año en el que se deben celebrar las Elecciones Generales -si no hay adelanto-, el Ejecutivo que entre tendrá que invertir unos 3.760 millones, una cantidad sólo comparable a la que se destinó de cara a la Exposición Universal de 1992.

Esta herencia envenenada de la que ABC lleva informando desde hace más de un año se ha confirmado con los últimos anuncios del AVE que conectará Sevilla con Huelva, cuya inversión programada (unos 1.600 millones) ha disparado el compromiso del Estado para los próximos años, lo que obligará al que entre en 2027 a asumir casi la totalidad del esfuerzo inversor, mientras que el actual pretende rentabilizarlo políticamente sin apenas presupuestarlo en estos ejercicios.

Este retraso estructural provoca que Sevilla se encuentre en una especie de 'paréntesis inversor', donde el anuncio político se cumple, pero no el calendario de ejecución. La estrategia del Ministerio de Transportes, al igual que ocurre con el de Cultura, ha sido licitar o adjudicar proyectos de gran impacto —la SE-40, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, los nuevos carriles de la A-49 o las actuaciones en museos—, pero reservando el pago de hasta el 85 o 90% del presupuesto total para ejercicios posteriores.

El único proyecto que debe llegar a 2027 ya rematado, pese a todos los retrasos y sobrecostes, será la ampliación del puente del Centenario. El Estado habrá invertido en total 138 millones, lo que supone más de la mitad de todo el esfuerzo económico que ha desarrollado antes de las elecciones en estas grandes infraestructuras pendientes.

El caso más significativo es el de la SE-40, la segunda circunvalación metropolitana. De los más de 500 millones de euros que costará el nuevo tramo Dos Hermanas-Coria del Río (según los primeros cálculos), con el puente sobre el Guadalquivir, apenas se ha previsto ejecutar un 10% del gasto en el actual marco presupuestario (2027). Actualmente, apenas se han consignado 13 millones para la redacción del proyecto, que se le ha encargado a dedo a Ineco. La intención del Ministerio es que la obra pueda comenzar el año que viene en los viaductos de aproximación al puente, cuyo diseño no estará hasta enero de 2027. Será a partir de entonces cuando se licite y adjudique, de forma que hasta bien entrado ese año no empezarían las obras, si no hay retrasos, y por consiguiente los principales pagos.

A ello se le suman los más de 200 millones de los tramos Salteras-Valencina y Valencina-Espartinas de la SE-40, ya adjudicados y, en el primer caso, empezado. Pero cuya financiación principal se aplaza también un 90% más allá de 2027. Y, respecto a los 500 millones que costarán de forma aproximada los tramos del arco norte, aún por actualizar, a todas luces se tendrán que abonar ya en la siguiente legislatura.

Siguiendo con las carreteras, el tercer carril de la A-49 y de la AP-4 son dos actuaciones recurrentes en los planes del Ministerio. La inversión conjunta alcanza los 430 millones, pero aún no tienen ni siquiera los proyectos redactados, lo que convierte su desarrollo en una incógnita política.

Otro gran bloque de proyectos estatales se concentra en el ámbito urbano y cultural. El convenio para la cofinanciación de la Línea 3 del metro (Pino Montano-Prado) prevé una aportación del Estado de 650 millones de euros, pero sólo 160 se abonarán antes de 2027. El resto se ha diferido hasta 2030, tal y como se acordó con la Junta en el convenio de financiación.

En el capítulo ferroviario, el Ministerio ha multiplicado los anuncios pero con financiación diferida. La conexión Santa Justa-aeropuerto, estimada inicialmente en 103 millones (algunas fuentes hablan de que podría llegar a los 350), no está aún ni en redacción del proyecto. El Gobierno encargó un estudio de alternativas que debería haber presentado en marzo y que mantiene oculto. Según la normativa europea, es obligatorio que el aeropuerto de Sevilla tenga una conexión ferroviaria con la ciudad ya que supera el umbral de los diez millones de pasajeros. Y hay un plazo tope para cumplirlo: 2030.

En este capítulo se encuentra el AVE Sevilla-Huelva, que aparece en la planificación de Adif con un horizonte financiero a diez años. El diseño del proyecto ya se ha adjudicado pero no será hasta finales de la próxima legislatura cuando empiecen los trabajos.

Los museos Arqueológico y de Bellas Artes sumarían entre ambos más de 100 millones de inversión prevista, pero también con una ejecución testimonial. La rehabilitación del Arqueológico, ya en marcha y «a buen ritmo», según ha asegurado en una respuesta parlamentaria el propio Ministerio de Cultura, apenas habrá recibido antes de 2027 18 de los casi 45 millones de inversión total (incluyendo los sobrecostes y lo que la Junta ha aportado).

En cuanto a la ampliación del Bellas Artes en el Palacio de Monsalves y la Biblioteca Alfonso XII, apenas se ha anunciado la redacción del proyecto. El Gobierno tiene el compromiso de haberlo terminado antes de su centenario en 2035, por lo que las obras tendrían que iniciarse en la próxima legislatura.

El horizonte 2030 marcará un punto de inflexión. Si todas las obras previstas llegan a ejecutarse, Sevilla afrontará la conmemoración del centenario de la Exposición con un nivel de infraestructuras insólito desde 1992: un anillo metropolitano casi cerrado, un metro parcialmente operativo, un aeropuerto ampliado, una red ferroviaria modernizada y unos museos renovados capaces de impulsar su potencial turístico y cultural.

Pero esa Sevilla está todavía por construirse. El mapa de inversiones revela una ciudad a medio camino entre la ambición y la espera, entre los anuncios y los pagos reales. Y dependerá del próximo Gobierno, sea del signo que sea, convertir esos compromisos en ladrillos, raíles y estructuras tangibles. Porque la Sevilla de 2030 no se medirá por los proyectos firmados, sino por los millones ejecutados.