Declara como imputada una concejal del PP de Tomares por la contratación de un edil

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares, Pilar Domínguez (PP), ha delcarado en el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla como imputada en el marco de la investigación del contrato gracias al cual el actual edil de Medio Ambiente, el también popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio durante el pasado mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local. La portavoz municipal de IU-CA, Valme Sánchez, es la promotora de la denuncia de la que parten estas actuaciones.

El juzgado investiga la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato. Las fuerzas de oposición denuncian que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados «a posteriori» para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año «improrrogable», pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, cuyo alcalde es José Luis Sanz (PP), defiende que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado. En ese sentido, el Gobierno municipal del PP reaccionaba la imputación de Pilar Domínguez defendiendo nuevamente que no media «ninguna ilegalidad» y que la Justicia demostrará que todo deriva de «una denuncia política de la oposición».