Alaya ordena «pinchar» los teléfonos de una decena de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla

En el auto por el que prorroga por quinta vez el secreto de sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla revela que el pasado 21 de octubre acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la intervención de dos líneas más.

La instructora explica que de la intervención de estas líneas telefónicas «se han obtenido datos importantes» para la investigación en curso, «habiéndose procedido a la entrega en el Juzgado de DVD conteniendo las conversaciones interceptadas, así como transcripción de las que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos». En el auto, la juez señala asimismo que se encuentra a la espera de que el Grupo de Criminalística de la Guardia Civil aporte los datos digitales contenidos en una «tablet» intervenida a Castaño, así como del volcado de datos digitales de otros dispositivos informáticos intervenidos, los cuales «pudieran ser de interés para la investigación y de los que se derivarían nuevas diligencias».

«Teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo las intervenciones telefónicas decretadas, así como las diligencias nuevas que previsiblemente se ordenarán, es procedente prorrogar» el secreto de las actuaciones, «pues lo contrario podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial».

La juez Alaya entiende que la prórroga del secreto «es una medida totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos», más aún después de que la Guardia Civil haya puesto de manifiesto la «nueva aparición de datos de interés para la investigación de la causa». Según las fuentes consultadas por Europa Press, el secreto de las actuaciones fue decretado por primera vez el pasado mes de julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya. La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales.

Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público. Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida «era para el PSOE», punto en el que subrayó que el dinero entregado «no era a cambio de nada», porque además «los contratos ya estaban dados».

También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos. Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento «sospechoso» de Castaño.

A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas. Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación «Madeja» a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.