Una solución para la peor ley

Revertir las funestas consecuencias de una iniciativa legislativa imprudente y errada en su propio trámite, en el que deliberadamente se desatendió a los órganos consultivos, es una obligación moral que, finalmente, podrá llevarse a cabo. Es una buena noticia. Existen, sin embargo, hechos que siguen siendo preocupantes y que desvelan el furor ideológico que inspira, en ocasiones, a este Gobierno. En primer lugar, cabe recordar que esta ley se debería haber modificado mucho antes. Aunque la solicitud de las rebajas de penas se hubiera tramitado igualmente, era una responsabilidad del Ejecutivo minimizar el daño que se ha repercutido sobre las víctimas de delitos sexuales. Por este motivo, la norma debería haberse enmendado de forma inmediata. Sin embargo, durante meses se insistió en que ésta era una buena ley y se ha demorado de forma imprudente la reversión de lo que ha intentado saldarse como meras «consecuencias indeseadas». Parece ahora evidente que el presidente del Gobierno quiso cerrar con EH Bildu y ERC la ley de vivienda antes de abrirse a la interlocución con el PP.

En segundo lugar, ante la constatación de que la norma contiene profundos defectos, alguien en el Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad política. No fue el caso. La ministra de Igualdad primero afirmó que las rebajas de las penas no tendrían lugar y que esa previsión era propaganda machista. Posteriormente, Irene Montero culpó a las juezas y a los jueces de ser malos intérpretes de una ley que, finalmente, ha reconocido como fallida. En aquellos días, Ángela Rodríguez 'Pam' llegó, incluso, a minimizar los daños derivados de la ley y se permitió ironizar sobre las excarcelaciones. Por increíble que parezca, tanto la ministra como la secretaria de Estado de Igualdad se mantienen hoy en el cargo con la connivencia del presidente del Gobierno.

Después de este cúmulo de imprudencias, será la cobertura brindada por el Partido Popular la que haga posible la modificación de la ley. Frente a las acusaciones formuladas en distintas ocasiones por parte de Pedro Sánchez, quien no ha dudado en advertir que los de Feijóo ejercen una oposición desleal, el PP ha obrado con la madurez parlamentaria debida al prestar su apoyo a una reforma legislativa que resulta no solo justa sino, también, urgente. En esta circunstancia, el Gobierno tampoco ha sabido corresponder con altura de miras. Para la ministra de Igualdad, el apoyo del Partido Popular supone una humillación y los socios de investidura, incluyendo a políticos con un crédito moral tan magro como el de Otegi, se han permitido criticar que el PSOE acepte el apoyo de los de Feijóo . El propio Partido Socialista se ha mostrado incapaz de responder con lealtad al apoyo de los populares y hasta el último momento ha intentado minimizar la normalidad parlamentaria que supone que dos partidos de ideologías contrarias, pero con un mínimo sentido institucional, se apoyen cuando se trata de revertir un desastre legislativo como el que ha supuesto la ley del 'solo sí es sí'.