La última frontera

Una vez que se ha demostrado que la vacuna no impide ni el contagio ni la transmisión de la enfermedad, la cuestión subyacente en el pasaporte tiene que ver con una consideración moral: ¿quién es el principal interesado en la salud de cada uno? A tenor del empeño que se toman las autoridades por imponer, de forma coactiva, la vacunación contra la Covid-19, pareciera que es el Estado el que tiene mayor interés en proteger a la población a toda costa, incluso por encima de los intereses personales. El mismo Estado que promueve el aborto y la eutanasia está interesado en salvaguardar la salud de sus habitantes aun por encima de lo que cada uno pueda opinar: ¿no resulta contradictorio favorecer el suicidio asistido con una mano mientras con la otra se inocula la protección contra el coronavirus?

En el debate sobre el pasaporte vacunal hemos escuchado la opinión de los hosteleros, que fueron sus promotores para curarse en salud de un posible toque de queda; de epidemiólogos y expertos en salud pública; y, sobre todo, de políticos que han pervertido el debate presuntamente científico. Sólo ahora empiezan a escucharse otras voces: la de los inmunólogos, alarmados de tanto pinchazo y de tanta inmunidad forzada; y de médicos de familia poniendo en duda la relación coste-beneficio de dosis de refuerzo en individuos sanos y jóvenes. Con cuentagotas nos van llegando informes (el último, del CDC estadounidense sobre la variante delta en California y Nueva York) que aseguran que la inmunidad híbrida (vacunación y contagio) es superior a la que proporcionan sólo vacunas.

Algo empieza a moverse. Primero, 'sotto voce', pero ya se hará perceptible. El modelo chino de control exhaustivo con traslados forzosos de contagiados se nos aparece como perturbador, pero está perfectamente alineado con la exigencia del pasaporte en la puerta del bar. No es de salud de lo que hablamos, sino de libertad: ¿estamos dispuestos a sacrificar una por otra?