La fuerza de nuestra democracia

Antes incluso de la Transición, la abogacía había asumido ya un papel relevante en la defensa de los derechos fundamentales. Los Colegios Profesionales se convirtieron entonces en espacios de reflexión crítica y en auténticos refugios para la protección de las libertades.Así sucedió en el IV Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, donde se anticipó la apertura democrática y la asunción de los principios inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde entonces, gracias a la Constitución y a su desarrollo legislativo, España ha vivido un profundo progreso jurídico, social y económico, incluida nuestra integración en la UE y compartir con ella la aspiración de un continente que se construye en valores comunes. Nuestra Constitución reconoce el papel de la abogacía en su arquitectura esencial: garantiza la asistencia letrada al detenido; consagra la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa; prevé que profesionales de la abogacía formen parte del Consejo General del Poder Judicial; y los habilita para integrar el Tribunal Constitucional. Son garantías que hoy encuentran un desarrollo reforzado en la ley Orgánica del Derecho de Defensa, que protege la confidencialidad y el secreto profesional como elementos irrenunciables de la Justicia.

Todo ello nos recuerda una idea fundamental: proteger el derecho de defensa no es un interés sectorial, sino un pilar del Estado de derecho. Para que los derechos de cada persona se cumplan, es imprescindible que quienes los defienden cuenten con condiciones adecuadas, estables y justas. Hace solo unos meses, el Consejo de Europa ha dado un paso más en este sentido con la aprobación del Convenio Europeo para la Protección de la Abogacía, cuya ratificación por España no debería demorarse más. En tiempos de cambios acelerados y retos globales, proteger a quienes garantizan los derechos de todos es una obligación democrática.

Asimismo, las reformas derivadas de las leyes de eficiencia del servicio público de Justicia y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal requieren un debate sereno y riguroso, acompañado de los recursos necesarios para que los derechos constitucionales no sean solo proclamaciones, sino realidades plenamente efectivas. Al celebrar la Constitución no miramos solo al pasado: miramos al futuro de un país que eligió la libertad como fundamento, la justicia como horizonte y la dignidad humana como principio irrenunciable.

El Estado de derecho es el instrumento que sustenta un pacto común según el cual la ley protege por igual a todos. Una democracia fuerte se mide por la capacidad real de su ciudadanía para ejercer sus derechos. Y esa capacidad existe porque hay profesionales que la hacen posible, en cada defensa, en cada turno, en cada acceso a la justicia.

Celebramos la Constitución y, con ella, la defensa del Estado de derecho, la fortaleza de nuestras libertades y el compromiso de toda la sociedad con una justicia accesible y de calidad, que no deje a nadie atrás y que llegue a toda la ciudadanía y a todos los territorios.

Mientras exista una sola persona que necesite protección, la Constitución tendrá sentido. Mientras haya quien defienda los derechos de los demás, el Estado de derecho permanecerá firme. Y mientras España siga creyendo en la dignidad humana como principio irrenunciable, la luz de nuestra democracia seguirá encendida para todas las generaciones futuras.