Libertad frente a la coacción

Cualquier incumplimiento de los servicios mínimos será una vulneración de la legalidad y todo acto de coacción debe encontrar respuesta policial

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LOS sindicatos convocantes de la huelga general prevista para hoy han depositado su éxito en la paralización casi absoluta de los transportes públicos. Sin movilidad garantizada, los sindicatos confían en que se multiplicará la dimensión de un paro cuyas cifras se inflarán por la inasistencia forzosa de millones de ciudadanos. Los servicios mínimos graciosamente pactados por el Gobierno con las organizaciones sindicales no van a ser suficientes para que impere la libertad de los trabajadores que quieran trabajar o sumarse al paro. Por eso, los sindicatos han convertido al gobierno de la Comunidad de Madrid en el objetivo de la jornada de hoy, tras anunciar que no garantizarán los servicios mínimos decretados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. En una Comunidad como la madrileña los transportes públicos son esenciales para el desplazamiento de los trabajadores. El Ministerio del Interior está avisado de esta advertencia de los sindicatos, cuyo significado, después de décadas de experiencia sobre los «piquetes informativos», no es otro que la amenaza de emplear la intimidación y la violencia para impedir, pura y simplemente, que los madrileños tengan libertad para moverse y trabajar. No cabe duda de que el Gobierno ve con agrado que los sindicatos hayan intercalado al PP, a través del ejecutivo madrileño, como adversario de la huelga. No en vano Zapatero está adulando a las organizaciones sindicales con nuevas ofertas de diálogo social. Es una nueva manifestación de este consenso que sindicatos de izquierda y Gobierno socialista mantienen, unas veces tácito y otras explícito, para acotar sus acuerdos y desacuerdos dentro de unos límites aceptables de compadreo.

Cualquier incumplimiento de los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid será una vulneración de la legalidad y todo acto de coacción contra los trabajadores que acudan a sus puestos de trabajo debe encontrar la respuesta contundente y proporcionada de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Resulta inaceptable en el siglo XXI, en una democracia moderna y avanzada, basada en un Estado social y de Derecho, que las protestas laborales aún tengan expresiones de violencia e intimidación. El matonismo sindical no tiene legitimidad alguna en una sociedad que reclama en todos los ámbitos la aplicación de la ley, el respeto a los derechos y las libertades fundamentales y la solución pacífica de los conflictos.