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Amnistía o investidura

Cada vez hay más, incluso dentro del PSOE, contrarios a pagar cualquier precio con tal de que la derecha no gobierne

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Actualizado a las 19:38h.

El gran debate de estos días, en el que se juega la suerte o desgracia de España, y no sólo en los próximos cuatro años, sino en las próximas décadas, gira en torno a si el Gobierno puede amnistiar a cuantos intervinieron en el fallido golpe de Estado ... del Primero de Octubre e 2017 que fue una pifia, aunque ese geniecillo irónico que, según Hegel, mueve los hilos de la Historia ha vuelto a jugárnosla al elegir como fecha el aniversario de la celebración del nombramiento de Franco como jefe del Gobierno del Estado, en los primeros compases de una Guerra Civil, octubre de 1936, que en el otro bando incluía el entero Frente Popular, desde comunistas a independentistas vascos y catalanes. Pueden haberlo olvidado, aunque no del todo, como están demostrando.

Los defensores de la amnistía es que las hubo en el pasado, como la de la Transición, y también los indultos, más recientes, de los dirigentes catalanes envueltos y condenados en el fallido golpe de Estado. A lo que responden los opuestos a ello con el argumento de que aquello fue para pasar de una dictadura a una democracia, otra especie de abrazo de Vergara para pasar página civil-militar que no llevó a ninguna parte, aunque ahora intentan repetirlo, confiando en que tienen como presidente del Gobierno en funciones a alguien chantajeable, con tal de que le permitan seguir en La Moncloa, y posiblemente el jefe del Ejecutivo piense que los españoles se lo van a perdonar. Todos los que iban a sacar tajada de ello, desde su entorno a los que por una causa u otra odian a España, lo harán. Pero cada vez hay más, incluso dentro del PSOE, contrarios a pagar cualquier precio con tal de que la derecha no gobierne. No creo que basten para compensar la oleada de insatisfacción con Pedro Sánchez, por haberles convertido en españoles de segunda clase. O tercera, si viven en Cataluña o en el País Vasco.

De ahí que el presidente del Gobierno haya rebuscado el último óbolo que le quedaba para ganarse el puñado de votos que necesita para ser investido: la declaración como idiomas oficiales del Congreso de las lenguas de dichos territorios y, no contento con ello, en la mismísima Unión Europea. En España puede que lo consiga, aunque al precio de convertir la Cámara Baja en una torre de Babel, pues cada comunidad española pedirá lo mismo, desde el bable asturiano al castúo extremeño. Aquí nadie quiere ser menos que los demás. En Bruselas, en cambio, la cosa cambia. Hay más de cincuenta lenguas oficiales en los territorios de la Unión Europea, pero su uso depende, entre otras cosas, de que el país pague traductores, intérpretes y archiveros, que son una porrada de millones. De ahí que se espera que ocurra que pase lo que con todas las cuestiones que llegan a Bruselas: crear una comisión de estudio. Mañana les hablaré largo y tendido de ello.