Cultura financiera para ser más libres

Las competencias financieras se han ido introduciendo en el currículo de ESO o de Bachillerato pero... ¿es suficiente? Según el Informe PISA de la OCDE (2018) sobre competencias financieras de nuestros jóvenes, un 15 por ciento de los estudiantes no alcanzan el nivel básico en este área. Nuestra nota es 492, siendo el promedio OCDE de 505, y el mejor país 547. ¿No debemos aspirar a ser mejores? Si nos vamos a las siguientes cohortes, los resultados de la Encuesta de Competencias Financieras en las pequeñas empresas de 2021, del Banco de España, no son malas pero tampoco parecen brillantes por el perfil al que se ha realizado la encuesta. En 2016 se había elaborado otra encuesta similar entre el Banco de España y la CNMV, a población de entre 18 y 79 años, y en grandes líneas, la mitad de la población tiene un conocimiento financiero muy reducido, aunque existen diferencias negativas en función de los niveles de renta.

Más de 70.000 afectados por las hipotecas en divisas creyeron poder sortear los tipos de interés de la zona euro, sin atender al riesgo del tipo de cambio, lo que provocó que viesen incrementadas las cuotas y el principal. Cientos de miles de personas invirtieron en sellos con unas rentabilidades muy superiores a otros activos de renta fija y menor riesgo, sin cuestionarse cómo era posible que unos sellos diesen unos intereses fijos anuales. Quienes suscribieron hipotecas a tipo variable hasta hace dos años, se han visto sorprendidos por la escalada del euribor, consecuencia de las políticas de control monetario por la inflación, a la que Friedman llamaba «el impuesto no legislado», que les está encareciendo sus préstamos en dos dígitos, y claman porque los que suscribieron las hipotecas a tipo fijo hoy pagan menos que ellos, pero no se cuestionaron años atrás la situación inversa.

Toda esta situación es preocupante por cuanto hoy en día es muy difícil estar fuera de lo que se denominan mercados financieros. En España existen más de 86 millones de tarjetas de crédito, el doble que hace veinte años, el 94 por ciento de los españoles tiene algún tipo de seguro, los planes de pensiones gestionan más de 88.000 millones de euros de 9,4 millones de partícipes, y anualmente se suscriben varios cientos de miles de hipotecas. Y de igual manera, más difícil aún resulta estar fuera del ámbito tributario, ergo del gasto de las administraciones públicas.

¿Se informa adecuadamente de los riesgos e impactos financieros? La respuesta tal vez es otra pregunta: ¿tienen conocimientos suficientes los españoles? El Tribunal Supremo ha dictaminado que se han comercializado productos que no eran necesariamente ilegales, pero sí se ha podido cumplir sin diligencia la obligación de informar sobre los riesgos de los productos financieros, lo que puede convertirlos en abusivos y poco éticos, pero ¿lo habrían entendido?

Si hablamos de las finanzas públicas, no se ve una preocupación excesiva por una deuda pública de más de 1,5 billones (de los españoles) de euros, un 117 por ciento del PIB, un hecho que supone que cada español deba más de 32.000 euros. Y si hablásemos de pensiones, no se ve alarmado a Juan Español con el hecho de que existan menos de dos cotizantes por pensionista, con una pirámide poblacional con forma de hongo de bomba atómica.

Se hacen anuncios electorales sin tener un serio análisis de coste-beneficio que explicar fácilmente a los españoles. Muchos se creen aun que el dinero público no es de nadie o que los Estados pueden imprimir todo el papel que quieran sin despeinarse y que no es perjudicial. Las principales instituciones financieras mundiales, como la OCDE, el FMI, la Comisión Europea y las autoridades supervisoras europeas de valores, banca y seguros (ESMA, EBA y EIOPA), reclaman dotar a los ciudadanos de una adecuada capacitación financiera. En España, las instituciones análogas (CNMV, Banco de España y DGSFP) también apuestan por esta educación financiera, a las que se suman muchas entidades. Otros tantos servicios de estudios de instituciones realizan informes sobre el alcance de las políticas públicas y de su afección a la economía. Pero queda una asignatura pendiente, que es saber explicarlo también a personas que no necesariamente tienen un mínimo conocimiento.

¿Sabemos qué cuesta a la Administración una concesión de obra y explotación de una autopista a treinte años? Nos alarman diciendo que termina pagándose tres veces. ¿Hemos hecho el cálculo de cuánto paga Juan Español por su vivienda, incluyendo impuestos y gastos de comunidad, y su hipoteca por los mismos años? Prácticamente lo mismo. ¿Piensan los españoles en su jubilación? ¿Tienen una adecuada información? La legislación establece que los planes privados informen a sus participes de sus ahorros y pensión estimada, pero también que la Seguridad Social debe enviar una carta, popularmente conocida como 'sobre naranja', que ningún gobierno hasta ahora se ha aventurado a enviar.

¿Somos conscientes de cuánto contribuyen nuestros empleadores con cotizaciones para nuestra jubilación y lo que significa un sistema de reparto? ¿Cuántos años y cuánto cotizamos y por cuánto y por cuántos años se va a cobrar la jubilación?

El 'Factor de equidad actuarial' del Instituto de Actuarios establece una relación entre el valor actuarial de lo que recibe, en conjunto, una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que, en conjunto, se aportó para el trabajador. Para un equilibrio adecuado del sistema público de pensiones, este valor debería ser 1, pero la media es 1,5.

¿Tenemos un mínimo conocimiento para constituir una renta vitalicia, rescatar un plan de pensiones, o suscribir una hipoteca inversa u otras formas de licuación del patrimonio inmobiliario, en términos económicos y fiscales? ¿Tenemos los ciudadanos consciencia y conocimientos financieros? Hagamos todos un ejercicio de reflexión, seamos críticos y abiertos al aprendizaje, y hagamos algunos sencillos cálculos con las múltiples herramientas que hay a nuestra disposición. Y exijamos como administrados que aquellos que gestionan el dinero de nuestros impuestos y que suscriben deuda en nuestro nombre como Estado, nos informen sobre cómo afectan a nuestras economías, como país y como ciudadanos, sus decisiones. Sólo así seremos realmente más libres.