el contrapunto
Gestión frente a ocupación del poder
Mientras Ayuso anuncia medidas, Sánchez redobla los ataques contra el juez que investiga a Begoña
Existen incontables diferencias entre el modo de ejercer el poder del sanchismo y el que caracteriza a los gobiernos de las comunidades autónomas. Diferencias que se resumen en una: Sánchez se limita a ocupar el despacho (también habría podido escribir 'okupar'), mientras los presidentes autonómicos ... gestionan. Uno sobrevive al paso de los meses rodeado de una corte de pretorianos bien pagados, la mayor que hemos conocido, cuyo papel consiste en blindar su permanencia en la poltrona a costa de ir colonizando instituciones supuestamente independientes, mientras los otros se enfrentan a los problemas reales de los ciudadanos. Él considera su cargo un fin en sí mismo, sin más utilidad que la de evitar que caiga en manos de la alternativa; ellos ponen en marcha proyectos y reformas. Sánchez es un maestro de la demagogia hueca, que el tiempo ha desenmascarado como mentiroso reincidente, inmoral, desleal e impotente en materia política. En la España municipal y autonómica hay de todo, aunque prevalecen, afortunadamente, los dirigentes honrados, empeñados en mejorar la vida de sus gobernados.
Tomemos como referencia Madrid. En el debate del estado de la región celebrado esta semana, Isabel Díaz Ayuso anunció noventa y cinco medidas referidas a distintas áreas, desde la educación a la reducción de impuestos a las clases medias y desde la vivienda al transporte público, cada una acompañada de su correspondiente memoria económica plasmada en los presupuestos. Medidas que pronto se implementarán, toda vez que la lideresa popular madrileña dispone de una holgada mayoría absoluta alcanzada a pesar de (o acaso gracias a) los ataques constantes, dudosamente legales y cada vez más sucios, lanzados contra ella desde la izquierda y el Ejecutivo central. ¿Qué hacía el presidente del Gobierno en ese tiempo? Enviar a su encargado de asuntos turbios, Santos Cerdán, a reunirse clandestinamente con los representantes de Puigdemont, en aras de desbloquear la aprobación de los presupuestos a cambio de negociar nuevamente la cesión de competencias en materia de inmigración ya comprometida hace algunos meses en flagrante vulneración de lo que establece la Carta Magna. Ordenar a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la más devota de sus incondicionales, dar largas a los diputados que preguntan en el Congreso por esa 'singularidad fiscal' pactada con Cataluña sin atisbo de luz ni taquígrafos, después de haber anunciado su determinación de atrincherarse en la Moncloa, a semejanza de Maduro, diga lo que diga el Legislativo, inapelable cuando le conviene. Redoblar la brutal campaña de intimidación desatada contra el juez Peinado que investiga los negocios su mujer, Begoña, privada de su cátedra por la Complutense al destaparse las condiciones escandalosas en las que le fue concedida, empleando para ello con el mayor descaro a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, cuya función es defender los intereses generales de los españoles y no los del matrimonio Sánchez-Gómez.
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