Inmigración, delito y ocultación

Se acaban de conocer los últimos datos de afiliación de la Seguridad Social por nacionalidades, una información que se publica con periodicidad mensual y con absoluta normalidad mientras se opaca deliberadamente la nacionalidad de los autores de los delitos, lo que obviamente resulta de interés general. Al igual que otros datos a los que no tiene acceso la sociedad por decisiones arbitrarias que carecen de justificación, este recorte de la transparencia resulta intolerable. No se debe restringir el acceso a determinadas informaciones, menos aún con el pretexto de no crear alarma social, dando así a entender que el ciudadano no es lo suficientemente responsable como para hacerse cargo de la realidad en la que vive. El Estado no puede entender y decidir lo que podemos saber y lo que no en un ejercicio propio de otros tiempos. Constantemente y de manera creciente se velan realidades en un déficit estatal de transparencia que cada vez resulta más grave. No se puede ni se debe tratar a la ciudadanía como si fuera menor de edad, independientemente de que a continuación se haga una lectura u otra de las estadísticas o de por dónde circule el debate social que generen esos datos.

Nada justifica esta pretendida hiperprotección, que en realidad está motivada por un interés electoral del Gobierno que la lleva a cabo y que pretende que aquello que incomoda a su 'relato' no existe, al extender sobre determinadas cuestiones – en este caso la relación entre delito e inmigración– el manto de lo invisible. De hecho, el efecto puede ser exactamente el contrario de la responsabilidad. La ocultación, en este caso del origen de los delincuentes, conduce a una ingenuidad interesada, a una ceguera que lleva a la parálisis en el manejo de los desafíos o, peor incluso, a la asunción en consecuencia de políticas perniciosas que empeoran los problemas de nuestro entorno. En sentido inverso, ese silencio también contribuye a la invocación, interesada a su vez, de fantasmas sobredimensionados que sirven a otros intereses políticos. Lo razonable y lo preciso –dos virtudes de las políticas públicas que parecen olvidadas en favor de la supervivencia del Gobierno en la batalla partidista– obliga al manejo y al estudio pormenorizado de los registros, y a su difusión. Muy al contrario, la verdad se oculta para permitir la creación de entelequias al servicio del poder, en este caso la bondad que se les presupone de manera automática a los inmigrantes, un concepto que está tan lejos de lo tangible como el apriorismo de que estos ciudadanos están dominados por la maldad por el mero hecho de haber nacido en otro país.

La española es una sociedad madura y adulta que puede y debe ser consciente de la situación, la realidad y el entorno en el que desarrolla su vida. Su opinión, su posición e incluso su voto no pueden depender de que el Ejecutivo, de Sánchez u otro, esconda variables imprescindibles para el análisis más básico de lo que sucede a su alrededor.