Querellas políticas y justicia

El rechazo de esta comisión rogatoria atañe a la investigación que derivó en las condenas a Artur Mas, Jordi Pujol y Oriol Junqueras. El documento firmado por la fiscal Delegada de Cooperación Internacional en la provincial de Madrid suscribe que los tres procesos fueron llevados a cabo por órganos judiciales españoles cumpliendo con todas las garantías procesales y respetando de forma escrupulosa los derechos fundamentales de los encausados. La juez andorrana estaría solicitando, así, una cooperación sin aportar ni un solo elemento indiciario o hecho concreto que sirviera para fundamentar el requerimiento por lo que, a ojos de la fiscal, no existiría ninguna motivación en derecho para atender esta solicitud de Andorra. Es relevante a este respecto que la querella que da origen a este proceso la interpusieran asociaciones vinculadas con el independentismo. A la vista del escrito de la fiscal se intuye que el origen de la querella fue espurio y que tan sólo buscaba prolongar las sospechas relativas a una guerra sucia contra el independentismo.

En una de las semanas de mayor exposición mediática del Ministerio Público en muchos años, la Fiscalía Provincial de Madrid vuelve a demostrar la importancia que entraña la independencia del poder judicial. Frente a quienes insisten en la necesidad de desjudicializar la política, cabría recordar que lo verdaderamente urgente es despolitizar la judicatura, para que todos los operadores puedan ejercer sus funciones de forma independiente y en estricto cumplimiento de sus encomiendas. Ningún ciudadano, sea o no político, está exento de tener que respetar las leyes y no debería existir ningún ámbito en el que pueda excepcionarse el cumplimiento de las normas. Esa es la esencia del imperio de la ley y del principio de legalidad: el sometimiento de cualquier poder, incluso del poder soberano, a los límites que imponen las leyes. La justicia debe perseguir, enjuiciar y castigar todos los ilícitos por lo que confundir delitos políticos con delitos perpetrados por políticos es una de las falacias más habituales en la conversación pública contemporánea.

Con todo, la querella interpuesta contra Mariano Rajoy y dos de sus exministros resulta insuficiente para justificar una colaboración con la justicia andorrana que, a todas luces, parece estar respondiendo a una intención maliciosa. En todas y en cada una de las circunstancias en las que un político haya podido transgredir los márgenes de la legalidad debería celebrarse la intervención judicial, manteniendo la confianza en uno de los pilares esenciales de la institucionalidad democrática y respetando la profesionalidad de quienes por méritos propios son las únicas personas facultadas para administrar justicia. El informe de la Fiscalía Provincial de Madrid exhibe con una argumentación rotunda estos principios y apunta al interés de parte del independentismo en crear un relato en torno la idea de 'lawfare