Un veto sin derecho

Ha sido particularmente criticada la ausencia de explicación a este veto. Juan Fernández Miranda, adjunto al director y responsable de la sección de España, cuenta cómo las primeras veces en las que el periódico no recibió una invitación, se atribuyó a una rotación en los medios que forman parte de la comitiva que acompaña al presidente. En algunos de estos casos, como un visita de Pedro Sánchez a Lanzarote, el periódico financió el viaje de su redactor.

No obstante, comenta Fernández Miranda, hay ocasiones en las que no ser parte de la comitiva presidencial hace imposible cubrir el viaje, aunque el periódico esté dispuesto a enviar por su cuenta a un periodista. Por ejemplo, en el caso de China, la agenda del presidente incluía actos en varias ciudades que no era posible seguir con vuelos comerciales regulares. El hecho de que en este viaje en concreto el Gobierno se negara también a acreditar al corresponsal del ABC en Pekín convirtió un posible hecho casual en un agravio serio. El 11 de abril, el periódico publicaba la consulta que había realizado a algunos penalistas sobre esta medida que calificaron como «arbitraria» y «caprichosa», y apuntaban «que podría incluso ser llevada a los tribunales por la vía penal».

La gravedad de este veto radica en varios motivos. El más importante es que atenta contra un derecho fundamental protegido por la Constitución, el derecho a la información. Podría argumentarse que existen otros medios para seguir la crónica de estos viajes, o que los periodistas de ABC pueden comentar lo que reciben a través de agencias o medios que sí están presentes. Pero es evidente que al cercenar la posibilidad de conocer la visión de ABC sobre lo que el Gobierno, y en este caso el presidente, dice o hace durante sus visitas a otros países, se impide el libre ejercicio de este derecho.

Que un gobierno democrático permita que la sana pluralidad y diversidad no esté presente en la cobertura de los viajes presidenciales es una mala noticia para los lectores de ABC, pero también para la sociedad en general. El hecho de que no existan motivos ni explicaciones oficiales, lo convierte, además, en inadmisible.

Los lectores de ABC, como cualquier ciudadano español, tienen derecho a informarse por la vía que deseen, y su derecho está siendo conculcado con esta medida. Soy consciente de que desde el diario se están haciendo esfuerzos por solventar esta situación o, al menos, obtener una respuesta oficial. Mientras tanto, la Redacción suple esta falta de contacto directo con el hecho informativo con su experiencia y sus contactos, asegurando que el contenido está a la altura de los estándares de calidad exigidos, conscientes de que, ahora más que nunca, su visión crítica es una necesidad urgente.