Lo personal y lo público

Pero es que, además, el plan de Sánchez está guiado, como él mismo reconoce, por el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado hace unos meses en Bruselas, y de obligado cumplimiento por los estados miembro. También la Comisión Europea lleva años trabajando y asentando las bases de una estrategia de lucha contra la desinformación. De hecho, el propio Gobierno ha puesto en marcha muchas iniciativas para responder y armonizarse con este esfuerzo europeo. Y, en cualquier caso, como señala en unas declaraciones sobre el anuncio de Sánchez el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, experto en desinformación, cabría «no confundir desinformación con discrepancia».

La propuesta hace temer a los lectores que las medidas, cuando finalmente lleguen, puedan suponer el recorte de su derecho a la información en la medida en que limiten el trabajo de los medios. Miedo sustentado en el señalamiento constante del presidente a un sector concreto como el único origen de estas malas prácticas. Como señalaba otro suscriptor, parece que «el presidente Sánchez quiere regular con leyes, en beneficio propio, ámbitos de la vida privada de los ciudadanos o de sus actividades profesionales, como el periodismo, que deben quedar al margen de la política o deben estar protegidas por esta».

Lo que sí ha sido inesperado es el anuncio de la puesta a disposición de los medios de una generosa cuantía de fondos europeos para su digitalización, que ha suscitado comentarios entre los suscriptores: «para que los partidos no compren medios les doy a los medios cien millones de euros». Por supuesto que los medios que lo necesiten tienen derecho, como lo han tenido otros sectores, a beneficiarse de fondos públicos que mejoren su competitividad, pero como señala el editorial de ABC del 18 de julio, el problema está en el «potencial uso político que desde el poder se le puede sacar a esta herramienta para recabar apoyos y socavar la independencia informativa».

Respecto a la necesidad de reforzar el derecho al honor y la intimidad, tal y como decía un suscriptor de la edición digital, «para dirimir calumnias o injurias ya están el Código Penal y los tribunales». Efectivamente, son derechos reconocidos y regulados, como sucede también con el derecho de rectificación.

Esta misma semana hemos asistido a un caso práctico que ha tenido como protagonista al director de ABC. Tras las acusaciones de Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, acusándole de haber solicitado un pago a cambio de hablar bien de Ciudadanos, los propios suscriptores han reaccionado a la respuesta del director en su Sala de Máquinas del pasado 12 de julio animándole a denunciar. Sobre las críticas de los lectores respecto a la ausencia de pruebas que sustenten su respuesta, el director simplemente reconoce que «como el que calla otorga, conviene defender que el periodismo honesto y profesional es incompatible con el tráfico de información o publicidad». El director apunta, además, que «cuando se hace una acusación hay que presentar pruebas. Eso hacen los periodistas profesionales. Y los que no lo hacen se orillan a la desinformación y el bulo».

Hay un tiempo para el periodismo, el rigor, y la defensa de un medio y una profesión, y otro para la defensa del propio honor, al que todos los ciudadanos tienen derecho, también Julián Quirós. De la misma manera, podría decirse que también para un presidente o un gobierno hay un tiempo para ejercer una política que realmente vele por la defensa del derecho a la información de todos, respetando la labor de los profesionales sin injerencias, y otro para defender su honor o el de su familia.

Confundir planos y momentos puede ser un ejercicio irresponsable con un alto coste para el periodismo y para la democracia.