Colonizar las instituciones

El partidismo de Cascajosa viene acompañado, como tantas veces, de unos méritos modestos y de una trayectoria profesional muy discreta. La recién nombrada presidenta de RTVE quedó en el puesto 86 de los 95 candidatos que fueron evaluados por la comisión mixta del Congreso que ponderó los perfiles de los candidatos al consejo de administración del organismo. Sin embargo, para Sánchez, cada vez más ayuno de perfiles verdaderamente competentes y solventes entre sus leales, este proceder se está convirtiendo en costumbre. Sin ir más lejos, una operación semejante fue la que se activó para nombrar a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado. El currículum académico de Calvo es, sin duda, austero, y su competencia jurídica dista mucho de la que han exhibido personalidades, algunas de ellas socialistas, que la han precedido en el cargo. En los últimos años, el Ejecutivo no sólo ha optado por situar a afines en cargos estratégicos, sino que, a la vista de los seleccionados, parece que al PSOE cada vez le quedan menos personas de prestigio público dispuestas a participar de su proyecto.

Sean las figuras nombradas competentes o no, y suelen no serlo, lo que supone un verdadero desafío para la independencia de las instituciones democráticas es el ejercicio de colonización que los socialistas llevan años realizando. Uno de los más groseros y evidentes es el CIS, con un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como Félix Tezanos al frente. En el ámbito de la comunicación, tan sensible para la protección de la opinión pública en una democracia, es singularmente gravoso el nombramiento de Miguel Ángel Oliver, quien fue secretario de comunicación del propio Pedro Sánchez. Actualmente, no existen apenas organismos públicos que no hayan sucumbido a la influencia de Ferraz y La Moncloa. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, Renfe, Hispasat, Correos… son sólo algunos de los ejemplos de una ignominiosa lista de entidades que el presidente del Gobierno ha querido hacer depender, de forma directa y groseramente explícita, de su ámbito de influencia.

Estos nombramientos ideológicos suponen, en cada uno de los casos, una falta de respeto a los profesionales que deben trabajar bajo las órdenes de quienes suelen funcionar como comisarios políticos. Pero, además, con esta discrecionalidad partidista se desactivan, o al menos debilitan, los mecanismos de control destinados a limitar al poder político, una de las garantías esenciales en democracia.