Un punto de inflexión para las ciudades españolas

La nueva norma supone un cambio de paradigma: reconoce la movilidad como un nuevo derecho ciudadano, obliga a las grandes empresas a elaborar planes de movilidad sostenible para sus empleados y promueve el uso del transporte público, además de abrir la puerta a reducir los vuelos cortos con alternativa ferroviaria competitiva.

Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de su aplicación efectiva y de la cooperación de todos los actores implicados. No basta con aprobar la ley; su verdadero valor se medirá por los cambios concretos que consiga generar en la vida diaria de las personas.

Las ciudades españolas arrastran un modelo urbano centrado en el vehículo privado. Cambiarlo requerirá más que legislación: hará falta coordinación entre administraciones, financiación estable y valentía política. También será necesario ofrecer alternativas de movilidad reales, con un transporte público eficiente, infraestructuras para caminar o ir en bicicleta, y soluciones compartidas que faciliten a la ciudadanía adoptar un nuevo modelo.

La ley acierta en el diagnóstico, pero el tratamiento será largo. La experiencia demuestra que sin una hoja de ruta clara los cambios tienden a diluirse entre trámites, plazos y promesas. En este sentido, instrumentos como el certificado CAES pueden jugar un papel clave. Este tipo de mecanismos permite evaluar de manera objetiva el impacto energético y ambiental de las políticas y proyectos de movilidad, garantizando que las medidas no se queden en el papel y que la transición sea medible.

Pero la movilidad sostenible no solo es un desafío técnico o legislativo: también es un reto cultural y social. La transición hacia ciudades más verdes y habitables exige que cambiemos nuestra relación con el vehículo privado, repensemos nuestros hábitos de transporte y entendamos que un coche aparcado el 95 por ciento del tiempo no representa eficiencia ni progreso. En este cambio de paradigma, fórmulas como el coche compartido o el alquiler de vehículos entre particulares, modelos que desde Amovens hemos ayudado a normalizar, demuestran que es posible aprovechar mejor los recursos existentes y reducir el número de coches. La sostenibilidad será real si la ciudadanía se involucra y adopta nuevas formas de moverse, compartir recursos y consumir de manera responsable.

Si la nueva ley logra su objetivo, nuestras calles podrían transformarse en espacios más verdes y seguros: menos ruido, menos emisiones y más espacio para las personas. Sin embargo, ese futuro no llegará por decreto ni por arte de magia. Dependerá de la voluntad de todos: de los gobiernos, que deben aplicarla; de las empresas, que deben innovar, y de los ciudadanos, que deben estar dispuestos a modificar sus hábitos.

Por encima de los posibles peros que puedan surgir de su aplicación práctica debemos ser categóricos: la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible es una gran noticia para el futuro de la movilidad en nuestro país. Traza un camino que ahora debe construirse con cuidado y recorrerse entre todos, para que el cambio sea real, duradero y beneficioso para todas las partes.

La ley marca el rumbo, pero serán las decisiones y la convicción colectiva las que transformen nuestras ciudades. Hoy podemos celebrar un avance, pero el verdadero reto empieza ahora: convertir la esperanza en acción y acelerar la llegada de una movilidad más limpia y humana, devolviendo las ciudades a las personas.