La Justicia, rehén del proceso de paz

El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación con los terroristas

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LOS intentos de ver equivalencias entre la reacción del Gobierno de Aznar ante la tregua etarra de 1998 y la negociación mantenida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con ETA son un ejercicio de imaginación calenturienta. Por lo pronto, la tregua de 1998 fue una estrategia concertada de ETA y PNV; la de 2006, de Zapatero con ETA. Y si en algún apartado las diferencias se hacen más nítidas es en el de la relación de uno y otro Gobierno con la Justicia. El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación política con los terroristas. Lo hizo antes y después del atentado terrorista de la Terminal 4 de Barajas.

Empezó con el cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aun antes de que ETA anunciara oficialmente la tregua el 24 de marzo de 2006. El Gobierno sabía que Fungairiño no iba a prestarse a componendas. En su lugar fue nombrado Javier Zaragoza. Pronto empezaron a notarse los efectos. La Fiscalía dejó de apoyar la imposición de medidas cautelares contra actos de la izquierda proetarra y facilitó actividades políticas de la ilegalizada Batasuna, por ejemplo, en su reunión pública con el Partido Socialista de Euskadi, en julio de 2006. La compenetración de esta nueva Fiscalía con el juez Garzón fue absoluta —descompensando la independencia del Juez Grande-Marlaska y de otros—, alumbrando trampas como el auto de 26 de enero de 2007, que declaraba la impunidad de la «izquierda abertzale», con la consecuencia de que los Otegi, Permach y otros del mismo jaez podían dedicarse impunemente a la política. Así es como el 23 de marzo de 2007 se produjo uno de los hechos más bochornosos de la historia judicial española, con la absolución forzosa de Otegi, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional declaró que había cometido un delito de enaltecimiento. El fiscal retiró la acusación en el acto del juicio oral. Hubo fiscales que no pasaron por el aro y fueron retirados del caso, como el que se negó a rebajar la pena pedida para De Juana Chaos por un delito de amenazas en octubre de 2006. El mismo De Juana que el 1 de marzo de 2007 fue puesto en libertad, logrando el chantaje que había planteado con su huelga de hambre. No, no todos hicieron lo mismo. Lo que hizo el Gobierno de Zapatero no tiene precedente.