Las diez claves de las actas que levantó ETA sobre su negociación con el Gobierno

Sin embargo, el arresto de «Thierry» había procurado también la intervención por parte del Instituto Armado de las actas que levantó López Peña acerca del transcurso de las reuniones que se habían producido entre el Gobierno y ETA -de forma paralela a las que tenían lugar entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y Batasuna- desde julio de 2005 hasta mayo de 2007, casi medio año después de que Zapatero saliese a señalar que nos encontrábamos «en el mejor momento» de la lucha contra ETA y de que, 24 horas después, ETA volase todas las expectativas de negociación próspera con el atentado de la T-4 de Barajas , matando a dos ciudadanos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. No obstante, las negociaciones se prolongaron más allá del 30 de diciembre de 2006 . Las diez claves que ponen contra las cuerdas el discurso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante ese tiempo de supuesta «tregua» -rota en junio de 2007- y que ETA dejó plasmadas en estos documentos, publicados hoy por el diario «El País» son las siguientes:

La publicación de estas actas desbanca los intentos del Ejecutivo socialista por «ocultar» las reuniones bilaterales entre miembros del Gobierno y la organización terrorista. De hecho, en las 15 páginas que redacta López Peña la delegación enviada por el Gobierno insiste una y otra vez en la necesidad de que nadie sepa la concurrencia de estas citas. En el primero de esos encuentros tras la voladura del aparcamiento C de la terminal del aeropuerto de Barajas, que se produce entre marzo y abril de 2007, el Gobierno manda a «una sola persona. Dice que por seguridad y discreción», señala el sanguinario terrorista. Ese día, el Gobierno manifiesta que si se rompe ahora esa negociación que continúa «no volverá a haber nuevas opciones durante años».

Posteriormente, se da parte de las 11 reuniones que mantienen ambas partes , donde el mediador del Gobierno acuerda que «las actas se mantendrán en secreto, solo habrá una copia, las actas son la interpretación que hace el mediador, se guardarán en un banco». En mayo, pasadas las elecciones municipales del 27 de marzo de 2007 donde se ha dejado colarse a ANV en algunas instituciones , el Gobierno exige a ETA que «las reuniones deben ser secretas. Por primera vez, aceptamos reuniones paralelas ETA/Gobierno y partidos -dice la organización etarra-». Hasta tal punto era importante el mutismo que ETA escribe en este momento: « Nos sumergimos en un proceso de negociación absolutamente secreto , pero solo sobre esa base de carácter secreto es posible».

El presidente del Gobierno pactó con ETA incluso los detalles de su declaración para valorar el comunicado de alto el fuego de la banda. En noviembre de 2005, en Oslo, se fijan las bases de su declaración, que dará el inicio oficial al proceso de paz.

El comunicado de la banda tiene lugar el 22 de marzo de 2006. Tres meses después, Zapatero anuncia el inicio del diálogo con ETA (aunque los contactos iniciales ya cumplían casi un año). Lo hace sin agotar el plazo de seis meses que se había dado con los terroristas, debido probablemente a que, como indica el resumen de la documentación incautada a «Thierry», «ya estaba el tema muy crítico».

Dicho «estado crítico» se puso en evidencia justo una semana antes, cuando -durante una reunión con representantes del Gobierno- ETA había reprochado al presidente sus duras palabras hacia el proceso de paz. De hecho, los terroristas anunciaron durante ese encuentro que el proceso quedaba parado.

La propia ETA envió varias misivas a Zapatero sobre el deterioro del proceso: «Los incumplimientos del Gobierno han obligado a ETA a responder tras haber denunciado la gravedad de la situación mediante cartas a Zapatero, en la mesa de negociación y públicamente». Qué decían esas misivas es otra de las incógnitas clave que arrojan estos documentos y que centran la atención del lado del Gobierno.

El 29 de diciembre, después de meses de deterioro del proceso, Zapatero saca su optimismo para afirmar que el proceso está «mejor que hace un año». El día siguiente, ETA vuela la Terminal 4 de Barajas y mata a dos personas. Incluso después, el presidente insiste en no cortar el diálogo con la banda:

«Zapatero le dijo que se tranquilizara y que había que continuar con los contactos», dicen los documentos hechos públicos. El destinatario de este mensaje es el mediador del proceso de diálogo y muestra que el presidente confiaba todavía en llegar a acuerdos con la banda.

Sabedores de su voluntad de no abandonar la negociación, los terroristas intentan en los últimos meses de contactos implicarle al máximo nivel: « Hacemos la petición de que ETA hable directamente con GORBURU (nombre que dan en los papeles a Zapatero)», dice «Thierry» en sus notas.

Las actas dejan claro que -como ya publicó ABC- el Gobierno retomó las negociaciones con ETA inmediatamente después del atentado de la T4 en Barajas.

El primer encuentro para retomar las negociaciones tiene lugar entre marzo y abril de 2007. Durante esta reunión el Gobierno aclara que «después de Barajas el proceso está roto y ahora hay que intentar retomarlo». Sin embargo, propone más concesiones y adelanta la formación de una mesa de partidos para hablar paralelamente con Batasuna.

Entre los días 18 y 21 de mayo se celebran las reuniones paralelas entre ETA y el Gobierno y los partidos PSOE y Batasuna, en la que se proponen importantes medidas para lograr retomar el proceso, que no concluyen con éxito.

Antes del inicio oficial del diálogo con ETA y de que se decretara la tregua, en noviembre de 2005, el Gobierno propone a la banda «reducir presencia policial en controles» y «no practicar detenciones».

Ya en plena tregua y antes de la declaración de junio de Zapatero, el Gobierno asegura que «ha comunicado a Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Francesa que no hagan detenciones», aunque adelanta que «ha sido muy difícil hacerlo» y que ve difícil que la Benemérita pueda obedecer estas órdenes.

Además de la aplicación más o menos laxa de la legalidad para los presos de ETA que señalaba la banda, el Gobierno relajó todas las actividades policiales contra la banda, incluso después del atentado de Barajas. El 23 de marzo de 2007 los documentos indican que había preparada una gran operación contra la organización, que finalmente no se lleva a cabo porque «podría acarrear una paralización en los contactos».

Para los terroristas, este es uno de los puntos clave en la negociación: «Si hay detenciones, ETA actuará», llegan a decir un par de meses después.

La vuelta a la legalidad de la marca política de ETA es una constante desde el inicio de las negociaciones. Según los documentos, el Gobierno habla desde el año 2005 de «aceptar a Batasuna en la vida política».

En verano de 2006, los representantes de Zapatero se atreven incluso a poner fecha de legalización a la banda: «Estamos trabajando para que sea legal en septiembre-octubre», recogen las actas.

El PSOE mantuvo más de 200 reuniones con Batasuna , después de que la banda aceptara que la negociación sobre el proceso se llevara a cabo en dos mesas paralelas. Los terroristas se llegan a quejar y el Gobierno admite que «ha habido una descompensación de reuniones», según las actas.

El «caso Faisán», motivado por la operación ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska, en el bar de Irún (Guipúzcoa) propiedad de Joseba Elosúa, epicentro de la extorsión etarra, sorprende a la banda, pero un presunto «soplo» policial al entramado etarra logra que la operación no coja a los etarras «con las manos en la masa» dentro del bar, y los arrestos de etarras no se producen hasta junio en la frontera francesa. «Thierry» avala que «las detenciones del Faisán han sido un accidente grave», pero que los responsables del Gobierno «no lo han podido parar». El aviso que en su día recibió Joseba Imanol Elosúa le permitió «limpiar» el local para cuando, en la madrugada del 20 al 21 de junio de 2006 , se produjo el mayor golpe asestado al aparato de financiación de la banda terrorista precisamente en el considerado centro neurálgico de la extorsión. «Es una carta que le llega al juez -Marlaska, se deduce- que desencadena la operación», plasma en sus escritos ETA.

El 27 de octubre de 2006, la reunión ETA-Gobierno e intermediario termina con una frase sangrante, que desmonta todo lo que ha defendido el ministro Rubalcaba durante la embestida permanente del PP para que explique la injerencia y la intromisión exactas del Gobierno en el «caso Faisán»: «En un momento, el Gobierno dice que por DAR EL AVISO DEL FAISÁN, hay un policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE »

El Gobierno ofrece como moneda de cambio a lo largo de toda la negociación mejoras para los presos. Sucede en el caso de De Juana y en el de otros siete encarcelados que la banda señala como enfermos y a los que el Ejecutivo de Zapatero se compromete a liberarlos.

El Gobierno llega a admitir que la Fiscalía «ha tenido una actuación positiva salvo en una ocasión» y ve la posibilidad de acabar con la «Doctrina Parot» en el Constitucion al .

Después del atentado de Barajas, y a pesar de admitir que «No se puede parar a los jueces ante actuaciones de violencia» las promesas se amplían para intentar convencer a ETA de que retome el diálogo: «Se pueden manejar los tiempos contra personas no condenadas». Y, si no hay delitos de sangre, el Gobierno promete tomar medidas «para un régimen de libertad o similares». También habla de «flexibilizar las medidas penitenciarias». Y de acercamiento de presos.

Incluso promete libertad para los asesinos de ETA encarcelados, aunque pone una condición difícil de cumplir para la banda: «con delitos de sangre solo acceden a libertad tras el desarme de ETA», rezan las actas. Y se llegan a proponer indultos al final del proceso de paz.

«Se comprometen a darle libertad condicional». Así de claro levanta acta el etarra, que testimonia también que el Gobierno exige una rehabilitación previa en un hospital de Madrid «manteniendo la situación de libertad en secreto» y luego, «directo a Euskal Herria en libertad». Éste era el trato, cerrado en reuniones celebradas entre junio y septiembre de 2006 por parte de la banda terrorista y el Ejecutivo central, por el que se acordó que De Juana, con 25 asesinatos a sus espaldas, saliera de prisión en libertad condicional.

En este periodo, en concreto entre el 7 de noviembre de 2006 y el 1 de marzo de 2007 el etarra mantuvo durante 115 días una huelga de hambre tras ser condenado a 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas. «Se estableció con Iñaki -escribe el «número uno» de la banda- la forma de hacer esto por medio del hombre de la Iglesia».

En la siguiente reunión Gobierno-ETA celebrada en octubre -cuando la situación del etarra le había llevado a pasar por un quirófano, como consecuencia de las secuelas de la huelga- las actas recogen un bloqueo en las negociaciones por el robo de armas en Francia. La banda terrorista, por su parte, recuerda que De Juana abandonó la huelga «por orden de ETA».«Si no queda libre, se actuará en consecuencia», advertía. El Tribunal Supremo rebajó finalmente de 12 años y medio a tres la condena impuesta al etarra por amenazas en un artículo publicado en el diario «Gara». Por este motivo, De Juana abandonó la huelga el 1 de marzo de 2007 tras serle concedido el régimen de prisión atenuada.

En el acta que ETA levanta de la reunión surgida el 23 de junio de 2006 y posteriormente entre junio y septiembre, «Thierry» escribe que el Ejecutivo de Zapatero se comprometió a derogar la doctrina Parot (doctrina aplicada para evitar la salida de prisión de Henri Parot, autor de ochenta y dos delitos de sangre y responsable del monstruoso atentado de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza), que perjudicaba a los etarras retrasando su salida de prisión.

«La dejarán sin efecto, es cosa del Constitucional y pueden derogarla», escribe el etarra. La doctrina Parot sigue aplicándose en el marco de la legalidad.

Durante este tiempo y pese a la polémica que acarreó en la escena judicial, «el Gobierno ha hecho cambios, fiscal general». Eduardo Fungairiño fue destituido como fiscal general del Estado en junio de 2006 , una decisión que despertó un alud de sospechas sobre la actuación del Ministerio Público, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, sobre la petición de las máximas condenas imponibles a los etarras. En esa misma reunión del 27 de octubre de 2006, hay una alusión del Gobierno al tema De Juana Chaos, que está «bloqueado» : «Nosotros quitamos al fiscal porque no quería rebajar la condena de 12 a 4 años».