Prevaricación belga

La justicia belga ha vuelto situarse fuera de la legislación de la UE, fuera del proyecto europeo y fuera de la confianza recíproca entre democracias europeas. Su decisión de denegar la entrega del prófugo exconsejero Lluis Puig, procesado por malversación es tan burda jurídicamente y ... tan grave políticamente que genera más problemas para el Gobierno belga que para la justicia española. El prófugo ya sabe que su vuelta a España antes de la prescripción de su delito irá seguida de su detención, acusación y juicio. Si la decisión de no entregar a Puig no es revocada, Bélgica dejará de ser un Estado miembro fiable para el proyecto de un espacio común europeo de justicia, seguridad y libertad. El fiscal belga ha anunciado que recurrirá un decisión que, en España, podría tipificarse como prevaricadora. El juez ha denegado la entrega del prófugo Puig porque considera que el juez Llarena no era el competente para emitir la orden europea de detención, sino que debió ser emitida por un juzgado de Barcelona al no tener la condición de aforado. El tribunal belga no tiene ninguna potestad para revisar la aplicación de las normas de competencia judicial española, menos aún para decidir si el comportamiento de Puig tiene o no conexión con los demás procesados, que sí están aforados ante la Sala Segunda del TS. Al extender a esta cuestión su juicio, el tribunal belga ha dado un tiro de gracia a la maltrecha orden europea de detención y entrega. La causa alegada por el tribunal belga no está prevista en la normativa europea y es una arbitrariedad que debe ser corregida por los tribunales superiores, pero también debe contar con una reacción política del Gobierno español, porque la decisión de Bélgica no es judicial, es una provocación amparada por un clima adverso a los intereses de España.