Un pacto contra la corrupción

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HA llegado la hora de la reacción social y política contra la corrupción, a través de un gran pacto de Estado que exprese el compromiso ineludible para combatir esta lacra del sistema democrático. Entre la perplejidad y la indignación, los ciudadanos asisten en las últimas semanas al desfile de políticos y ex políticos que comparecen ante los jueces como imputados por prevaricación, cohecho, fraude fiscal y otros tipos delictivos derivados de la interferencia entre intereses públicos y privados. Los altos cargos de CiU en la etapa de Jordi Pujol y los dirigentes del PSC se suman a los implicados en asuntos de este tipo en El Ejido, la comunidad balear o el «caso Gürtel». Estamos en presencia de un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos, como demuestran de forma concluyente las últimas operaciones policiales. Queda así en evidencia el oportunismo del PSOE cuando intenta presentar al PP como «partido de la corrupción». Nadie está libre de pecado, y por ello la opinión pública exige a unos y otros una reacción rápida y eficaz para frenar el deterioro evidente de la clase política. La gestión urbanística es el ámbito más propicio para este tipo de tramas, relacionada muchas veces con la «economía del ladrillo», según explica hoy ABC. En este sentido, es imprescindible revisar la legislación vigente, reforzando los mecanismos de control y -sobre todo- garantizando su aplicación correcta a través de órganos independientes. Mientras el Ejecutivo estudia una reforma de la ley de bases de régimen local en busca de mayor «transparencia», el PP anuncia una iniciativa parlamentaria para la reforma del Código Penal, endureciendo las penas correspondientes.

Al margen del derecho de los imputados a defenderse con todas las garantías procesales, los diferentes casos de corrupción demuestran que hay una mezcla de intereses turbios en la que confluyen políticos sin escrúpulos y delincuentes disfrazados de empresarios. La gran reforma pendiente en los partidos españoles es utilizar un buen método de selección de los cargos representativos, ya que mucha gente honorable se ve desplazada por auténticos especialistas en maniobras irregulares para acceder al poder. Aparece así un sistema de «castas», que -como se percibe con nitidez en el caso de Santa Coloma de Gramanet- conduce a un sorprendente contubernio entre políticos de diferentes partidos, dispuestos a favorecer un lucro injustificable. La degradación de la función pública en determinados niveles territoriales contribuye también a facilitar estas operaciones. Frente al funcionario que accede al cargo por méritos propios y goza de garantías para su independencia, se generalizan los nombramientos de confianza en favor de individuos que actúan después como verdaderos cómplices y colaboradores. Las administraciones más cercanas a los intereses urbanísticos o a la adjudicación de ciertos contratos públicos son susceptibles de influencias oscuras que deberían ser contrarrestadas por órganos independientes. La ley y su aplicación tienen que ser iguales para todos. Los partidos tienen que tomar iniciativas eficaces para limpiar al Estado democrático de la miseria moral que acompaña a la corrupción.