Objetivo, invadir el Poder Judicial

Iglesias ha allanado la negociación de Sánchez con los partidos independentistas y ha asumido parte del coste de blanquear a Bildu, en la conciencia de que no es a Podemos a quien lastrará esa sumisión, sino a Sánchez. La dependencia de Sánchez es absoluta, e Iglesias lo rentabiliza a conveniencia de parte porque nadie en la actual dirección del PSOE tendrá la valentía de alzar la voz. Muy al contrario, Ferraz jalea esa deriva irracional del líder socialista. Por eso, y después de varios intentos fallidos, su siguiente objetivo es romper definitivamente la separación de poderes que regula nuestra Constitución. Mientras Sánchez da palos de ciego concentrando su gestión en la propaganda, Iglesias mantiene intacta su obsesión de deshilachar las costuras del sistema constitucional.

Iglesias ya ha dinamitado dos veces los acuerdos que Sánchez había ultimado con el PP para afrontar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y es evidente que ya está entorpeciendo la tercera ronda de contactos. Sus estratégicos ataques a la Corona y su inmoral exhibicionismo con Bildu fueron el motivo justificado de la ruptura. Hace dos meses, el Gobierno se sacó de la manga un subterfugio paralegal con el que superar artificialmente la mayoría de tres quintas partes del Congreso necesarias para renovar el gobierno de los jueces. Con ese fin ideó una reforma constitucional encubierta mediante la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y tomar así el control de los Tribunales. Eso es lo que Iglesias pretende recuperar ahora pese que la Unión Europea ya ha condenado una práctica tan antidemocrática. A partir de ahí, y con Sánchez como cómplice, Iglesias se ha propuesto renovar el CGPJ excluyendo al PP y copando la institución con consejeros de la izquierda radical respaldados incluso por Bildu. Sería su forma de visibilizar la «dirección del Estado» que ha ofrecido a Arnaldo Otegui.

La hipotética incorporación de representantes de ERC o Bildu al órgano de gobierno de los jueces implicaría la imposición ilegal de una minoría política para sojuzgar a una mayoría judicial que observa con pavor la operación. Sería una invasión alarmante y un secuestro del único poder del Estado que no está contaminado por Iglesias. La permisividad del PSOE en esta maniobra provocaría una lesión irreversible a la credibilidad de nuestra democracia porque sería mucho más que una opa hostil de Iglesias para minar la independencia de los Tribunales. Sería una práctica prohibida en Europa solo admisible en regímenes autoritarios disfrazados de falsas democracias.