Estacazo doctrinario contra media España

Pero aunque todos los Gobiernos han querido politizar la educación con normas a su antojo, ninguno había sido tan agresivo y radical como el de Sánchez, pues no en vano es el primer Ejecutivo que cuenta con ministros comunistas desde la fallida Segunda República. La llamada Ley Celaá, que lleva el nombre de una ministra que en su vida privada ha educado a sus hijas en la más elitista educación católica de Vizcaya, supone un estacazo doctrinario contra media España (un país, no lo olvidemos, donde a día de hoy dos de cada de tres ciudadanos siguen declarándose católicos).

La Ley Celaá no busca formar a jóvenes españoles bien preparados, que habrán de batirse en un mundo globalizado y agresivamente competitivo, donde ganarán los mejores, es decir: los más preparados. No, de lo que se trata es de formar buenos «progresistas». Y ahí late el primer fallo de esta ley: favorece la abulia y la burramia y desdeña el esfuerzo personal. Permitir que se pase de curso e incluso se obtenga el Bachillerato con suspensos es exactamente lo que parece: un disparate.

El segundo fallo de este bodrio legislativo atiende a un reflejo habitual del Gobierno de Sánchez: va contra las libertades individuales, como delató la propia Celaá, una señorona bien en su vida real, cuando soltó aquello de que «los hijos no pertenecen a los padres». A partir de ahora han de pertenecer al gran Levitán, al Estado que nos pastorea. Por eso se restringe de manera agresiva la libertad de elección de los padres y se acosa a la educación concertada (excelente en su calidad y que ahorra dinero a las arcas públicas, pero que resulta que es, ¡horror!, cristiana). Además se crean nuevas asignaturas en «valores», que son, por supuesto, los del laicismo agresivo y el sacrosanto «progresismo». Los separatistas han probado que la escuela puede convertirse en la mayor cantera de fieles. Sánchez aspira hacer lo mismo: los colegios como factoría de futuros votantes socialistas.

El tercer problema del bodrio Celaá, que en realidad debería llamarse Truño Sánchez-Iglesias, es que otorga respaldo legal formal al pisoteo del español en las aulas de las regiones con una segunda lengua donde hoy Gobiernan los nacionalistas. En un abuso contra la Constitución, que algún día corregirá el TC, se retirá al español la condición de lengua vehicular y hasta se borra la referencia a que es idioma oficial. Todo esto se formula, por supuesto, en nombre de una gran ficción, pues la verdad a día de hoy es que la lengua más hablada de largo en Cataluña y el País Vasco es... pues en efecto, precisamente aquella que a partir de ahora estará legalmente proscrita en sus aulas: el español.

El cuarto problema del Truño Iglesias-Sanchez que firma la señora Celaá es su falta de empatía con las personas y sus problemas reales, que se percibe en cómo se ha abordado el asunto de la educación especial. Se sientan las bases para acabar con ella en pocos años, ignorando -porque falta corazón en estos políticos- que muchos de los chavales que hoy se benefician de ella van a sufrir acoso escolar cuando pasen a la educación ordinaria (pues la condición humana es la que es, y en contra de lo que piensan los marxistas del «hombre nuevo», seguirá habiendo niños crueles con los más débiles y/o diferentes).

¿Es buena la educación que propone la Ley Celaá?

La mejor respuesta la encontramos en la biografía de la propia ministra. Celaá estudió en el Sagrado Corazón, un buen colegio religioso, y continuó en Deusto, la gran universidad de los jesuitas. Podrá alegar María Isabel Celaá Diéguez que no fue una elección suya, sino de sus padres. Pero es que cuando le tocó elegir a ella, la gran laicista y defensora dogmática de la escuela pública envió a sus hijas a estudiar al estupendo colegio de las monjas irlandesas de Lejona; y más tarde, al menos una de ellas fue también a Deusto. Un desparrame de hipocresía.

Si aspira a conservar su libertad y si quiere contar en un futuro con ciudadanos bien preparados, la sociedad española debe protestar contra este engendro con todas sus pacíficas fuerzas. El Gobierno más débil de la historia de nuestra democracia carece de representatividad social para cambiar la educación de nuestros niños manu militari, sin escuchar a los especialistas e ignorando por complejo el punto de vista de media España.

No es solo una ley de educación. Es una pieza más de un ambicioso plan de ingeniería social para cortarnos a todos por un único patrón mental, el que preconizan aquelos que hoy mandan.