Gibraltar y la no idea de España

Las cosas no se han podido hacer peor. Cuando se consumó el Brexit, España arrancó de Bruselas un derecho de veto sobre cualquier acuerdo sobre Gibraltar. Con la llave de la negociación en la mano parecía evidente que contábamos con una oportunidad histórica de avanzar en el proceso de una soberanía que nos reconoce la ley internacional (Tratado de Utrecht, resoluciones de Naciones Unidas...). Los gibraltareños habían manifestado su voluntad de seguir integrados en la UE, integración solo posible si un Estado miembro es responsable de sus relaciones exteriores (art. 355 TFUE). Y es obvio que el único Estado que podría hacerlo era España. Por eso en mi época en Santa Cruz avancé en las instituciones europeas, en Naciones Unidas y en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias una solución muy generosa: cosoberanía temporal en materia de relaciones exteriores, defensa y control de fronteras, respeto a las instituciones de autogobierno del Peñón, doble nacionalidad y un plan de desarrollo integral (Roca, Campo de Gibraltar) para acabar con una situación que se me antoja insostenible: la renta per cápita de los gibraltareños es de 92.843 dólares, y la de los campogibraltareños de poco más de 20.000, la mayor diferencia entre territorios fronterizos que existe en el mundo, incluida la diferencia entre EE.UU. y México. La tasa de paro es casi inexistente en Gibraltar (45 personas en 2018) y alcanza el 37,5 por ciento en el Campo. El plan fue a la papelera en el momento mismo en que dejé Exteriores.

El principio de acuerdo entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar se cerró poco antes de tomar las uvas y de forma tan precipitada que hay párrafos en inglés y párrafos en español, más de los primeros que de los segundos. Los diputados y senadores se enteraron por una filtración periodística. El Gobierno se cuida de proclamar que no renuncia a la soberanía, que al parecer nos caerá del cielo cuando los gibraltareños -gracias a una política de apaciguamiento como la seguida por Moratinos- pedirán jurar la bandera con entusiasmo. Eso no ha pasado nunca y no se entiende muy bien por qué habría de pasar ahora, ya que hemos renunciado a todas las cartas que teníamos en mano. Si Gibraltar se asocia al espacio Schengen -movilidad de personas- y entra de alguna manera en la unión aduanera, ¿por qué les va a interesar ser españoles? ¿no les parecería más juicioso seguir teniendo residencia en Gibraltar, vivir en la Costa del Sol, utilizar gratis las infraestructuras y servicios españoles y acceder al mercado interior sin pagar impuestos? Y eso es lo que hace el famoso preacuerdo, atribuyéndoles de paso una estatalidad (Mónaco, Liechtenstein o Andorra) con la que siempre ha soñado Fabian Picardo.

¿Qué pretende este preacuerdo? Desplazar el control de viajeros actual, situado en la Verja, al puerto y al aeropuerto situados en territorio gibraltareño. «El control de pasaporte se efectuará en el puerto y en el aeropuerto por los gibraltareños y, después por los europeos. Nosotros tendremos primacía en el control... No cederemos ni un gramo de arena, ni una brizna de aire ni una gota de mar» (Fabian Picardo dixit). ¿Y eso para qué? Para hilvanar un relato de los que le gustan a Iván Redondo: Trump levanta muros, nosotros los tiramos abajo. Pero lo único cierto por ahora es que España será el único de los 193 países de Naciones Unidas que no controlará sus fronteras. Me asalta una duda: ¿cómo se impedirá que lo que se compre en Gibraltar pase a nuestro territorio si no hay una verja/frontera divisoria?, ¿no supondrá esta medida legalizar el contrabando?

Y puestos a hablar de mercancías, el preacuerdo dice que cuando se encuentre una solución basada en las normas de la unión aduanera, se suprimirán las barreras físicas entre Gibraltar y la Unión, pero condiciona esta supresión a que Gibraltar adopte la política comercial comunitaria y -muy importante- que establezca aranceles, impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales (alcohol, tabaco y petróleo) similares a los que existen en territorio común (level playing field). ¿Van a renunciar los gibraltareños a un régimen fiscal que en buena parte explica su envidiable nivel de vida? Y además, como nada se dice sobre impuesto de sociedades, hay que suponer que Gibraltar continuará exonerando los beneficios extraterritoriales. ¿Quién invertirá en el Campo si puede hacerlo gratis en el Peñón? Mucho hablar de Panamá, de Bahamas o de Jersey y nuestro Gobierno va a consolidar un centro offshore en la puerta de casa.

Concluyo con una reflexión de mi buen amigo Alfredo Pérez Rubalcaba: «Lo de la soberanía a los míos no les pone; les parece una cosa viejuna, franquista... Lo que sí les pone es lo de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales». Pues parece que eso tampoco les preocupa ya.

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José Manuel García Margallo fue ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación