¿Qué pretende la nueva ley educativa?

Desde 1975 se han aprobado siete leyes educativas. Ésta es la primera que no ha permitido a la comunidad educativa participar en los debates previos. Concretamente, el pasado 15 de octubre, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados votó en contra de que la comunidad educativa compareciera durante el debate de la ley, pese a que este procedimiento es el habitual en las distintas proposiciones o proyectos de ley. En la anterior ley, conocida como «ley Wert» (Lomce) comparecieron cincuenta expertos, de los cuales dieciséis fueron a propuesta del PSOE. Este modo de actuación es una muestra de la deriva autoritaria de este Gobierno, que emplea métodos más propios de una república bananera que de una democracia avanzada.

Es una ley que atenta contra el artículo 27.3 de la Constitución española, que garantiza el derecho que asiste a los padres de elegir el centro educativo más apropiado para sus hijos, según sus convicciones personales y sus creencias. Esto se lleva a cabo eliminando la demanda social en la programación de puestos escolares. Este modo de actuar nos recuerda la polémica afirmación de la ministra Celaá: «Los hijos no pertenecen a los padres».

La Lomloe no pretende mejorar la calidad de la educación: reducir el abandono escolar, luchar contra el fracaso escolar o lograr una mejor valoración en las evaluaciones del Informe PISA. Lo único que persigue es implantar un único modelo educativo en el que no intervengan los padres y que facilite el adoctrinamiento y la transmisión de una ideología; aunque ello suponga que nuestros jóvenes no estén preparados para afrontar el futuro, como advirtió magistralmente el catedrático Jorge Sáinz, en la Tercera de ABC del pasado 7 de noviembre.

Con estos objetivos se propone la desaparición de los centros de educación especial, se busca la demolición de la educación concertada -cercenando el derecho de los padres a elegir lo que en libertad consideren mejor para sus hijos-, y se ataca la educación diferenciada, que es una opción pedagógica legítima (muy extendida en otros países desarrollados) empleando el término educación segregada. Segregación es lo que había en Sudáfrica cuando estaba encarcelado Nelson Mandela.

En conclusión, este Gobierno pretende imponer una única forma de pensar con un único modelo educativo. La finalidad de la ley es adoctrinar a los jóvenes para que cuando les toque votar no se equivoquen y elijan la papeleta del PSOE o UP. Es decir, se emplea la educación (al igual que el CIS o RTVE) para perpetuarse en el poder.

En la primera mitad del siglo XIX, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, declaró: «La filosofía imperante en el aula será la filosofía del gobierno del futuro». No le faltaba razón.

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Ignacio Danvila del Valle es profesor de la UCM