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Una raya en el agua

Las togas colgadas

Ninguno de los tres jueces del Gobierno ha puesto en su sitio a Iglesias para defender la independencia de sus colegas

Ignacio Camacho

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Cuando un ciudadano pierde un litigio civil o sale condenado en un proceso penal tiende a pensar que el fallo ha sido injusto, y en ocasiones que el juez ha podido actuar por intereses espurios. Y salvo que lo acuse directamente de prevaricación, en cuyo ... caso se expone a una querella, tiene derecho a manifestarlo en público porque las críticas a las decisiones judiciales forman parte de una libertad de expresión que ampara incluso ciertas modalidades de insulto. Sin embargo, si quien afirma que la Justicia está comprada es un miembro relevante del Gobierno, la crítica se convierte en un conflicto de poderes y en un cuestionamiento expreso de las bases del Estado de Derecho. Y eso es lo que hizo la semana pasada Pablo Iglesias. Al declarar que los jueces españoles ponen sus decisiones en venta, el vicepresidente fue mucho más allá de la protesta o del desacuerdo legítimo con una determinada sentencia para adentrarse en la recusación abierta de uno de los pilares esenciales del sistema. Y no fue un calentón ni una arenga; se trataba de una operación de descrédito en toda regla que los dirigentes de Podemos secundaron con perfecta coordinación estratégica mientras ninguno de los tres magistrados del Gabinete ha tenido la nobleza de salir en defensa de la honradez de sus colegas.

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