El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Efe
EDITORIAL

Errores del Estado autonómico

La defensa férrea de una España de las autonomías no es incompatible con la necesidad de reformar todo aquello que perjudique el interés colectivo de todos los españoles

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En el debate político abierto con motivo de las elecciones andaluzas, la aparición de iniciativas tendentes a una futura reversión de competencias regionales en favor del Gobierno central no supone en absoluto una deslegitimación del Estado autonómico. Ni la España de las autonomías está en cuestión ni puede sostenerse con un mínimo rigor intelectual que la idea formulada por el PP de que las comunidades renuncien a gestionar la Educación, o parcialmente cedan competencias en materia de Justicia o Sanidad, responda a un concepto radical de la política. Sería absurdo que unos partidos planteen como legítimo un debate sobre la desaparición de la Monarquía o sobre la superación de la Constitución en favor de un régimen federal, y que otros, igualmente democráticos, no pudiesen proponer un replanteamiento de las competencias cedidas durante cuarenta años a las autonomías si su funcionamiento es anormal, o sencillamente fallido. Cuando hay comunidades gobernadas por partidos independentistas que utilizan las aulas como medio de adoctrinamiento en favor de la secesión, o que educan en el odio a España y en la manipulación de la historia, es evidente que el sistema educativo funciona de modo anormal. Transformar toda una administración autonómica en una herramienta espuria para enaltecer una causa inconstitucional que infringe la legalidad es algo que exige una réplica de los partidos constitucionalistas, y no enjuagues amparados por el paraguas de un pretendido «diálogo». Por eso es legítimo proponer que Cataluña pierda la competencia en materia penitenciaria, u oponerse a que el Gobierno socialista se la ponga en bandeja al PNV en el País Vasco.

Abrir el debate sobre la recuperación de competencias por parte del Estado es lícito y oportuno. Cosa distinta es pretender la erradicación de todo el sistema autonómico, porque objetivamente hay muchas cosas que funcionan bien, aumentan la pluralidad, y no resultan abusivas contra el Estado de Derecho. La defensa férrea de una España de las autonomías no es incompatible con la necesidad de reformar aquello que perjudique el interés colectivo de todos los españoles. O cuando, como en el caso de la educación, o la gestión de la Justicia y la sanidad, se fabrica una España a diecisiete velocidades que requiere, como mínimo, una revisión crítica y acorde con los estándares medios de calidad de otros países. Lamentablemente, en España no solo no avanzamos en materia educativa, sino que la politización intervencionista de las aulas y los comisariados ideológicos que diseña la izquierda nos alejan cada vez más de un pacto de Estado imprescindible. Es una cuestión de fondo que no implicaría desmantelar el Estado de las autonomías, sino meditar en cómo poner coto a los abusos de algunas comunidades, donde el lavado de cerebro del ciudadano se antepone a una educación plural en valores constitucionales.