Otro revés en el horizonte

Además, la ponencia del TC ve inconstitucional el cerrojazo impuesto por el Gobierno al Congreso de los Diputados, despojado de sus funciones de control y fiscalización sobre el estado de alarma. Este segundo decreto de alarma fijó de antemano un plazo de seis meses, privando al Parlamento del control sobre las sucesivas prórrogas, como sucedió con el primer decreto. Sencillamente, Sánchez no quería trabajar de presidente del Gobierno y eludió sonrojarse ante la opinión pública cada vez que la oposición le pidiera cuentas por su gestión y él tuviera que pelear por cada voto para poder prorrogar la excepcionalidad.

Vendrán sin duda los eslóganes de que «el estado de alarma salvó vidas», probablemente uno de los argumentos más infames utilizados en la vida pública española, porque al mismo tiempo nadie en el Gobierno se ha responsabilizado de que España presente uno de los índices más altos de mortalidad por el virus a pesar de haber sufrido las mayores restricciones de derechos y libertades en toda Europa. No sabemos cuántas vidas salvaron los decretos de alarma -salvo las cifras que reconoce el Gobierno-, pero sí sabemos que las cifras oficiales de muertos se quedan cortas, porque Sánchez nunca ha querido aplicar los criterios de la Organización Mundial de la Salud para cuantificar las víctimas de la pandemia. El balance de la gestión política, sanitaria y jurídica de la pandemia no puede resultar más negativo para el Gobierno. El sistema constitucional de derechos fundamentales y libertades públicas ha sido maltratado por la coalición de socialistas y podemitas bajo la coartada de la enfermedad. Nadie -o casi nadie- discute que eran necesarias medidas extraordinarias para contrarrestar la fuerza brutal de la pandemia en la primavera de 2020. Bastaba con haber utilizado el estado de excepción y no el de alarma. En el segundo estado de alarma, la inconstitucionalidad apunta a ser grosera y notoria.

Queda así retratado un Gobierno cuyo tránsito por la pandemia está dejando un reguero de ilegalidades, abusos de poder, prácticas antidemocráticas y pulsiones autoritarias. La aversión hacia las instituciones creadas para el control democrático del Ejecutivo -el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Parlamento- no ha sido episódica, sino una constante de este modo de gobernar. Pero el que siembra vientos, recoge tempestades.