El español, como el suahili o el liki

Las cifras que hoy revela ABC dejan poco lugar a la duda. Solo 841 centros educativos de los más de 2.000 que hay en Cataluña han enviado a Hablamos Español las programaciones de cada materia. De ellos, 400 tienen redactados esos contenidos solo en catalán, y casi la mitad solo tienen en castellano los planes de la asignatura Lengua y Literatura Castellana. Esto deja un raquítico margen del 2,8 por ciento -26 colegios- que tiene redactadas en español las programaciones de otras asignaturas que no sean Lengua y Literatura. Y más llamativo aún: solo uno de los más de 800 centros que al menos han cumplido contestando a la asociación tiene toda su programación en español. No es difícil sospechar entonces que entre 2.000 colegios, solo uno cumple estrictamente la normativa. Y lo grave no es solo el dato. Lo grave es que se haya normalizado esta irregularidad como algo irreversible, que una asociación tarde un año en recibir datos oficiales, y que se confirme la tendencia del rodillo adoctrinador de la Generalitat. Y no ya hacia la marginación del castellano, sino directamente hacia su desaparición en los libros de texto, en las aulas, en las tutorías, en los patios…, y ahora también en la programación de las asignaturas.

Podría considerarse hasta un triunfo que, aunque sea en catalán, haya 800 centros educativos que hayan respondido a Hablamos Español. Pero es que ni eso puede tildarse de positivo. En sus respuestas, las direcciones de algunos centros se burlan de la asociación con insultos e ironías. «¡Ya hemos estado bastantes años programados en castellano. Iros a cagar!», respondió uno de ellos. Otro envió este indignante mensaje: «No tenemos ninguna programación en español, ni en quetxua, ni en suahili, ni en lemerig, ni en chemehuevi, ni en njerep, ni en tanema, ni en liki, ni en ongota, ni en dumitrescu, ni en chamicuro». Más allá de la evidente burla, lo único que cabe preguntarse es qué poder público defiende a un colectivo que protege el español en España. La inspección educativa no actúa, igual que cuando se incumplen sentencias de forzosa ejecución y nadie vela por su cumplimiento. La educación es una materia transferida a las autonomías, pero ese no es argumento ni para la vulneración de la ley, ni para que el Estado se quede cruzado de brazos cuando se maltratan la lengua oficial y los derechos de quienes quieren utilizarla en libertad.