Escrivá, fin de recorrido

El modelo español establece un sistema de soberanía fiscal con distintos grados de autonomía que ha permitido que, aunque los impuestos los paguen los ciudadanos y no los territorios, no resulte lo mismo tributar en Barcelona, Bilbao, Tenerife o Ceuta. La primera gran diferencia la establece el régimen foral de Navarra y las tres provincias vascas frente a las comunidades del régimen común. Pero dentro de éste último, coexisten el régimen común y el especial para Canarias, así como el que atañe a Ceuta y Melilla.

Es dentro del régimen común donde la Comunidad de Madrid ha establecido un modelo de bajos impuestos que, con el tiempo, se ha vuelto más y más atractivo. Puig y otros sostienen que la prosperidad madrileña es fruto de la capitalidad, ignorando que esta también impone unos costes, y denuncian la competencia fiscal como un supuesto ‘dumping’. Para ello, usan la capitalidad como efecto mágico para explicar por qué, con sus bajos impuestos, Madrid apenas tiene un déficit fiscal del 0,05 por ciento (117 millones), mientras que otras comunidades autónomas, con impuestos mucho más altos, incurren en déficits más abultados y, a diferencia de Madrid, no aportan nada a la caja común de los servicios públicos, que en un 70 se llena precisamente por las transferencias de esta comunidad.

Del mismo modo que la descentralización del gasto se justifica económicamente porque permite alcanzar los objetivos de eficiencia y equidad, básicos para justificar la intervención del sector público en la economía, la competencia fiscal es la única manera que tienen los ciudadanos de evitar que los políticos instauren un sistema de explotación tributaria que aumente más el gasto incontrolado. Desgraciadamente, no siempre se cumple el criterio elemental de que los bienes y servicios públicos sean provistos por el sistema que resulte más eficiente y más barato. Y es precisamente la Comunidad Valenciana que preside Puig, que se ha fijado como objetivo asumir la gestión directa de diversos servicios públicos aunque le cueste más caro al contribuyente, la que ofrece los ejemplos más contundentes al respecto.

Por último, no hay que olvidar la íntima relación que existe entre la tributación y el consentimiento político que está en la base del sistema democrático. Más frecuentemente de lo que parece, la supuesta armonización fiscal que esgrimen los tecnócratas no es más que un subterfugio inventado para eludir la necesaria rendición de cuentas ante la ciudadanía y transferirle la responsabilidad de recaudar a otros.