Devolución masiva de menores

No cabe esperar de Rabat, por tanto, ninguna delicadeza y esmero en el trato una vez los menores crucen al otro lado de la frontera, como sugieren Unicef y las oenegés que trabajan allí, que se oponen a esta expulsión masiva (pero en etapas) ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que al menos a partir de ahora debería ahorrarnos el discurso buenista con el que tantas veces sermonea a los ciudadanos. Si lo de ayer en Ceuta lo llega a ordenar un gobierno del PP, tronaría en Ferraz y sus terminales mediáticas calificando el episodio de ‘escándalo humanitario’, con esa misma hipocresía que vemos ahora en la reacción de la izquierda gobernante cuando habla del encarecimiento de la factura de la luz.

Naturalmente, el episodio ha vuelto a abrir una brecha entre las dos facciones que conforman el Gobierno: la parte podemita del gabinete criticó abiertamente la decisión del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, acusándole de saltarse la ley y dando alas a la Fiscalía para que abra diligencias informativas, como así hizo. Se une esta última pendencia interna al frente de colisión abierto por los ministros de Unidas Podemos contra los del PSOE y viceversa, pues de una manera u otra los socialistas contestan de común intentando ridiculizar las ideas u ocurrencias de sus socios en el Ejecutivo. La subida estratosférica del precio de la luz, la ampliación del aeropuerto de El Prat, la crisis de los menores en Ceuta... el espectáculo es ciertamente patético, tanto que parece que la oposición contra esta o aquella decisión, declaración o postura del Gobierno se ejerza desde la propia mesa del Consejo de Ministros. Ayer, con la acusación directa de la ministra de Derechos Sociales al ministro del Interior subió unos grados más la combustión de un desencuentro que se cronifica, que Sánchez es incapaz de contener y que Unidas Podemos utiliza como estrategia para poner el foco ante el descalabro que vaticinan las encuestas.