Descentralizar o desmontar

El planteamiento básico no es intrínsecamente negativo. Al contrario, esta hipotética mudanza podría contribuir a la vertebración y al reforzamiento periférico de la nación, a descongestionar la capital de su superestructura corporativa, liberando edificios señeros que podrían ampliar su oferta cultural, y a aliviar el secular aislamiento de las vastas zonas de la España vaciada y rural que hace décadas perdieron el tren del desarrollo y quedaron desconectadas de la red por la que circula la riqueza, concentrada en Madrid no como consecuencia del centralismo, sino por las políticas fiscales de los gobiernos del PP. En manos de Sánchez y en función de las exigencias de sus «socios prioritarios», sin embargo, la ejecución de este plan es una seria amenaza para la integridad de la nación. Hace seis años, y en su primera etapa como secretario general del PSOE, cuando era otra persona, según la tesis de Carmen Calvo, el presidente del Gobierno ya prometió que de llegar a La Moncloa trasladaría el Senado a Barcelona. Su único afán, como su posterior política de cesiones, era entonces satisfacer a un separatismo que aún no se había echado al monte y al que desde 2019 ha tratado de apaciguar de forma infructuosa con el vergonzante desmantelamiento de los escasos restos -con la inmediata protesta de sus respectivos funcionarios- que quedaban del Estado en Cataluña, proceso repetido en el País Vasco. No puede ‘hacer país’ quien de la mano de sus socios y de espaldas al constitucionalismo se dedica a desmontarlo de forma sistemática.

Para reinventar el Estado es necesario contar con quienes creen en él, de la misma manera que para reformar la Constitución resulta imprescindible apoyarse en quienes la defienden en las Cortes, que no son precisamente los socios de Pedro Sánchez. Si detrás de esta maniobra -de momento un globo sonda, enésimo de un Ejecutivo mecido por el viento de sus aliados antisistema- solo se esconde una estrategia de acoso contra Madrid y su presidenta regional, el Gobierno no haría sino quitarse la máscara, ante la sociedad y ante la historia. El interés particular no suele ser compatible con el interés general, en este caso de la nación, y tampoco la obsesión de Sánchez con la Comunidad que mejor lo retrata y más lo pone en evidencia puede legitimar un proyecto en el que España no solo es la excusa, sino la víctima.