Caudillismo y propaganda

No se trataba de un acto institucional más. Fue un acto cuidadosamente diseñado por La Moncloa con la intención de limpiar la conciencia del PSOE por dos motivos. Primero, por su política de seguidismo con el mundo batasuno tras el acercamiento masivo de etarras a prisiones del País Vasco; y segundo, por la cesión de las competencias penitenciarias al lendakari Urkullu. Blanquear a ETA de una forma tan despreciativa con las víctimas, a las que Sánchez sigue sin recibir, y a la vez pretender pasar a nuestra historia política como el presidente que al fin destruyó las armas de ETA, demuestra hasta qué punto la ambivalencia ética inspira a este Gobierno. O para ser exactos, a una parte de este Gobierno, porque la otra, la de Podemos, ni siquiera acudió al acto porque en el fondo Pablo Iglesias comparte objetivos y prioridades con Bildu.

Con Sánchez y Fernando Grande-Marlaska España se ha convertido en un país permisivo y complaciente con los homenajes a esos mismos terroristas que empuñaron las armas destruidas ayer. Y salvo hipocresía insuperable, no es posible defender una cosa y su contraria. Cada viernes, el Gobierno acerca a prisiones del País Vasco a grupos de terroristas, muchos de ellos condenados a penas centenarias por delitos de sangre. Por eso, pasar por ser el adalid de la lucha contra el terrorismo no encaja precisamente en el perfil de Sánchez. Y ahora, ceder al Gobierno vasco la libre capacidad para decidir qué etarras quedan en tercer grado, independientemente de la pena que lleven cumplida -igual que hace la Generalitat catalana con los condenados por sedición-, o qué permisos se conceden de modo arbitrario a los terroristas, no deja de abrir la puerta a una derogación de las penas a etarras.

Al PNV le vendrá bien para contar con argumentos en su constante pugna política con Bildu. Pero a la memoria de las víctimas, y a la de todos los españoles que por desgracia conocen la historia de ETA, no deja de suponerles un mazazo emocional. No deja de ser otra cesión a un chantaje nacionalista que choca frontalmente con la dignidad democrática. Y sin embargo Sánchez no renuncia a cualquier acto de propaganda, por grotesco que sea. Esas armas estaban intervenidas y almacenadas desde 2016, y eran ya inútiles como pruebas para cualquier proceso judicial. Podían y debían ser destruidas. Pero no a mayor gloria del caudillismo de Sánchez y de su afán por simular que es lo que no es: no es nadie para adueñarse de un patrimonio moral, el dolor, que es de todos.