En defensa de la Justicia española

La estrategia del abogado de Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados a Bélgica es convertir el procedimiento de aplicación de la orden europea de detención y entrega en un juicio a las garantías que España ofrece para un proceso justo. Se trata de un método que invierte los papeles, de manera que el acusado ejerce de acusador y la víctima se transforma en agresor. Paul Beakert, defensor del expresidente de la Generalitat, sigue así la pauta de los procesos en los que representó a terroristas de ETA ante juzgados belgas. B élgica es un país a la medida de cualquier prófugo que ataque a España , y no precisamente porque el Estado belga pueda exhibir algún tipo de superioridad política o judicial sobre el español. Se trata de un país instalado en una fractura nacional permanente y lastrado por el separatismo flamenco, del que depende el actual gobierno de Bruselas. De hecho, el viceprimer ministro belga y ministro de Interior, el separatista flamenco de ultra-derecha Jan Jambon, criticó ayer a España por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por las medidas judiciales contra los dirigentes separatistas catalanes; incluso solicitó un pronunciamiento de la Unión Europea al respecto. Jambon respira por la herida de ver cómo en España no se tolera lo que probablemente él desea que suceda en Bélgica. En todo caso, l as declaraciones de tan alto cargo gubernamental constituyen una intromisión inadmisible en la independencia del juez de instrucción que debe decidir sobre la situación de Puigdemont y demás prófugos, antes de resolver sobre su entrega a España. Esta injerencia política en la Justicia belga es lo que debería preocupar a la UE, y no que España pida una orden de detención y entrega amparada por el Derecho europeo. No está Bélgica, y menos ese ministro de Interior, en condiciones de dar lecciones a nadie en Europa.

El Gobierno español ya sabe a qué se enfrentará en las próximas semanas. El defensor de Puigdemont prolongará todo lo posible el procedimiento de entrega a España y será este caso la coartada de la propaganda separatista para negar legitimidad a unos posibles resultados adversos el 21-D. La Justicia española, ejemplar en el respeto a las garantías procesales , ha actuado de la única manera posible al solicitar la detención y entrega de Puigdemont y demás fugados. Por tanto, frente a los ataques a la calidad de la Justicia española no hay más que cerrar filas con nuestros jueces y fiscales y denunciar la manipulación política con la que se pretende la desnaturalización de un procedimiento europeo creado para colaborar entre Estados miembros y no para torpedear la aplicación de las leyes nacionales.