Crisis e inmigración

Como es notorio, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, en particular durante la legislatura anterior, con Jesús Caldera como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Las regularizaciones masivas y la retórica del «papeles para todos» provocaron un nefasto «efecto llamada» que convirtió a España en el paraíso de las mafias que trafican con seres humanos y fue objeto de críticas muy severas en el ámbito de UE. La llegada masiva de personas en situación irregular (a través de entradas sin control, de cayucos o incluso de asaltos a las vallas fronterizas) ha generado un clima de falta de respeto a la legalidad que perjudica la convivencia social y ha provocado ya algunos incidentes preocupantes. Una cuestión tan compleja no puede ser enfocada desde una perspectiva buenista, y tampoco sirve el puro voluntarismo acompañado de un discurso «políticamente correcto». En un Estado de Derecho, nadie -sea nacional o extranjero- puede vivir al margen de la ley. De hecho, los grandes perjudicados por la inmigración irregular son precisamente los muchos miles de personas que viven y trabajan legalmente entre nosotros, contribuyendo con su esfuerzo al progreso colectivo. Por eso, cumplir la ley es una exigencia ineludible para todos, sean empresarios, ciudadanos en general o extranjeros que trabajan en España y tienen la obligación de hacer un serio esfuerzo de integración en las pautas democrática vigentes hoy día en nuestra sociedad.

Es evidente que el actual responsable ministerial, Celestino Corbacho, mantiene criterios mucho más sensatos y realistas que su antecesor, al amparo sin duda de su experiencia en la política municipal. Aunque las palabras no siempre se traducen en realidades tangibles, el Ejecutivo ha iniciado un proceso de rectificación que debe continuar con urgencia porque los errores del pasado pasan factura sin remedio. Los datos del INE demuestran a primera vista los excesos cometidos en virtud de una visión estrecha y a corto plazo que producen ahora un desequilibrio social y económico que será necesario afrontar con una fuerte dosis de sensatez. Mariano Rajoy ha propuesto más de una vez un pacto de estado sobre inmigración, recogiendo un sentimiento generalizado en la sociedad española. Sin embargo, el PSOE prefiere mirar para otro lado, más interesado en extraer posibles ventajas electorales de esta situación que de impulsar con rigor y determinación una serie de medidas eficaces. En plena crisis económica, el interés general debe primar sobre cualquier oportunismo partidista.