CARTAS AL DIRECTOR

No hay peor mentira que una verdad a medias, y la presente Ley de Divorcio deja en manos de uno de los cónyuges (generalmente la madre), o del fiscal, una materia para lo que no son moralmente competentes: el restringir la relación hijo-padre mediante un régimen de visitas. Me parece una aberración que un profesional (juez, fiscal o psicólogo) pregunte a un menor la opinión que le merece su padre. Los tratados y convenciones internacionales dicen que hay que oír al menor, pero para orientarle o educarle, no para respetar su criterio, manías o caprichos (como sucede en España). Es como si antes de entrar a un juzgado le preguntase el fiscal al menor qué opinión tiene del juez, y el juez la que le merece el fiscal. Esta locura alguien la tiene que parar, y, en defecto de quienes tienen responsabilidades, son los parlamentos autonómicos (por aclamación), los que están aprobando leyes y medidas para acabar con esta tragedia institucionalizada que lleva 30 años destrozando familias enteras. Enhorabuena a los que van a hacer posible este cambio, y entre ellos destacar a algunos escasos jueces que se han limitado a aplicar el sentido común y el Derecho Natural, y, ante incumplimientos de la madre, han cortado de raíz un nefasto y lacerante ejemplo para el menor que es «al padre ni se le obedece ni respeta», ante la pasividad de policías, fiscales y jueces. Que se supriman los experimentos de psicólogos utilizando como cobayas a padres e hijos en un punto de encuentro vigilado para ver cómo se comporta el padre (porque el hijo puede hacer lo que le viene en gana). Que el Derecho Natural sustituya el intervencionismo de los medios del Estado en las relaciones familiares y la incertidumbre de políticos sin criterio que, ante sus ambigüedades, han propiciado más angustia, violencia y frustración en los menores, y, por supuesto, en los desesperados e impotentes padres.

Carlos Morgades. Madrid

Recortes injustos

Soy profesora en un centro concertado desde hace quince años, durante los cuales nos ha quedado muy claro a todos los que trabajamos en el sector que no somos funcionarios. No lo hemos sido cuando ha tocado decidir el horario laboral y las horas lectivas que trabajamos, unas cuantas más (siete a la semana) que las que se trabajan en los centros públicos; tampoco lo hemos sido nunca -funcionarios- en el momento de decidir los salarios que percibimos, muy por debajo de los de nuestros compañeros. Tampoco hemos sido considerados funcionarios cuando hemos querido participar en algún curso de formación o computar puntos para concursos de méritos en igualdad de condiciones. Pero nuestro trabajo es vocacional y no era esencialmente necesario ser considerados funcionarios para intentar hacerlo bien y procurando mejorar cada día. Aunque somos conscientes de que el esfuerzo actual debe ser colectivo, me he sentido especialmente herida y débil cuando, de repente, en un momento difícil, el consejero Castells anuncia que se ha decidido inopinadadamente aplicar el recorte salarial a nuestro sector. Nosotros llevamos muchos años de esfuerzo económico continuado y callado. Ante esta situación, no deja de ser muy irónico y doloroso que se nos equipare en estas circunstancias, que son otra vez desfavorables y proporcionalmente más graves en nuestro caso.

María Serra Gómez. Gerona

Reducción del salario

¿Por qué tengo que aceptar una reducción de mi salario, rompiendo todos los acuerdos? Existe una crisis en el país de la que yo no soy responsable. Estuve años estudiando y formándome, sacrificándome por tener un futuro seguro; otros, desde los 18 años han trabajado, comprado sus casas y logrado un patrimonio. Ahora, muchos de ellos están en el paro, sin formación alguna y cobrando un subsidio.

Muchos se metieron en hipotecas muy superiores a su poder adquisitivo (casa y coche), que ya no pueden pagar, mientras otros nos conformábamos con lo que teníamos, viviendo de alquiler y esperando para poder invertir en una vivienda. Y cuando podemos pensar en dar ese paso, nos ahogan con salarios reducidos y un futuro incierto. ¿Dónde está la justicia?

Arturo Vila. Madrid